Por Carlos Burgueño - Casi cerrado (se anunciará en días) el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la aprobación de las metas del segundo trimestre del año, el equipo económico argentino negociador ante el organismo financiero buscará cerrar un objetivo superador: que las metas del tercer y del cuarto trimestre de 2022 se tomen de manera conjunta, y que la fiscalización general de finalización del año y cumplimiento de las metas pactadas dentro del Facilidades Extendidas, se discutan globalmente en algún momento del primer trimestre del próximo año.

La alternativa fue planteada hace unas semanas desde Buenos Aires en el inicio de las reuniones virtuales que parte del equipo de Sergio Massa mantenían con los técnicos del staff del FMI comandados por el venezolano Luis Cubeddu. Y si bien este no descartó la alternativa, dejó en claro dos cuestiones. La primera, que algún tipo de revisión siempre habrá que ejecutar. Y la segunda, que una decisión de este tipo dependerá siempre de la voluntad política del board del organismo; y que tanto en su nivel de jefe del caso argentino como en el del director gerente para el Hemisferio Occidental Ilan Goldfjan puede hacer únicamente una recomendación ante el máximo nivel de conducción del FMI.

Desde Buenos Aires tomaron nota de ambos reclamos y llevaron las carpetas a las reuniones de primer nivel de Washington, tanto en la sede del Fondo como en la secretaría del Tesoro; ambas reuniones sostenidas finalmente ayer. El tema será plafón de negociación hacia delante, una vez que las partes terminen de cerrar las pautas del segundo trimestre, y comiencen ya a hablar de lo que viene en los próximos meses.

Por lo que se percibe en el frente criollo, la voluntad desde Washington estaría presente y podría concretarse. Sólo habría un escollo insalvable para ambas partes: Argentina necesita la aprobación trimestral antes del 30 de diciembre, el día en que el país debe girar el último pago por unos u$s2.450 millones correspondientes al último pago del año al organismo por el Stand By de 2018, y que debe liquidarse con dinero del propio FMI. Como estos fondos deben salir sólo después de la aprobación de las metas trimestrales, deberá tomar el board una decisión política para avalar la liberación del dinero.

Según se afirma cerca de la delegación argentina, no sería algo extraordinario ni inédito para el FMI. Pero sí algo difícil de aprobar y de explicar ante el Board; tarea que deberán realizar tanto el staff como los funcionarios locales en los próximos meses. Quizá utilizando el teléfono que le dejó Janet Yellen en su teléfono personal a Sergio Massa.

El argumento que se esgrime en ambos frentes para avanzar en un guiño de este tipo es el mismo. Quizá por cuestiones políticas más que económicas o financieras, debido a que nadie quiere en el mundo actual una crisis en un país importante como Argentina. Mucho menos provocada por el propio organismo. Y que, en todo caso, llegará en el 2023 el momento de juzgar el primer año del acuerdo.

Mientras tanto, lo que se recomendaría en las dos costas del acuerdo, sería un aval a la secuencia del Facilidades Extendidas y un “siga siga” momentáneo. Desde Buenos Aires habrá que apoyar esa posición ante Washington con números y porcentajes adecuados a lo pactado para los primeros seis meses del año. Esto es, mostrarle a la gente del FMI que las metas de 2,5% del PBI, emisión monetaria de 1% y una suba radical de las reservas del BCRA (quizá no de los u$s5.800 millones pactados), pero similar.

Será tarea conjunta de dos funcionarios del Palacio de Hacienda: el jefe de asesores Leonardo Madcur y el secretario de Planificación Económica Gabriel Rubinstein, quienes demostraron en esta gira que mantienen sólidos sus contactos directos con la sede del organismo. Y que en Washington hay espacio para escuchar sus propuestas y sugerencias. No es poco ante hombres y mujeres del FMI acostumbrados a percibir con sensibilidad las promesas poco consistentes que les llegan desde Buenos Aires desde hace años.

Gran parte de la tarea será convencer al director gerente para el Hemisferio Occidental, Ilan Goldfjan, quien demostró y demuestra que su intención y tarea no es ser lo más empático con el país, sino cumplir el mandato que le dio en marzo el board del Fondo de ser un fiscalizador implacable del Facilidades Extendidas y su cumplimiento estricto. El board le dio esta orden el 25 de marzo, en la complicada sesión en la cual el máximo nivel del organismo que maneja Kristalina Georgieva aprobó por unanimidad el acuerdo con Argentina. Pero donde dos países puntuales, Alemania y Japón, fueron muy duros en sus referencias sobre la realidad de la economía local, y les exigieron a los técnicos del FMI máxima tensión y análisis para el cumplimiento de las metas fijadas en el acuerdo. Fue el directorio el que dictaminó, además, que haya un adelantamiento de las misiones fiscalizadoras, comenzando en mayo y sumando un viaje más a los 10 programados originalmente.

Ese día el Fondo habló de “riesgos excepcionalmente altos”, un eufemismo para decir que se lo considera de muy difícil cumplimiento por parte del país. Ante el panorama, el organismo financiero le dictó a Goldfajn la misión puntual de ejecutar la aplicación del “Artículo IV” del organismo ante Argentina, lo que implica ser el principal responsable de controlar que las metas del acuerdo de Facilidades Extendidas se cumplan.