Por Antonio Rossi - Las expectativas de un ordenamiento administrativo y archivo de las diferencias internas que entorpecían el accionar del área de Energía que había generado la asunción del nuevo equipo de la Secretaría encabezado por la salteña Flavia Royón, quedaron prácticamente desvirtuadas con las recientes resoluciones del Enargas, que aprobaron los aumentos tarifarios que regirán para los hogares que perdieron la totalidad de los subsidios.

Con el cargo de interventor vacante por la partida de Federico Bernal a la subsecretaría de Hidrocarburos, las resoluciones con los nuevos cuadros tarifarios que oficializó el ente regulador gasífero fueron suscriptas por un funcionario de segunda línea que, en principio, no estaría habilitado para tomar esas decisiones. Se trata del gerente general, Osvaldo Pitrau, quien asumió la tarea de convalidar resoluciones oficiales, algo que —según las normas vigentes— sólo podría haber hecho el interventor que tiene asignadas todas las funciones del ex directorio del Enargas.

A eso se sumó otro hecho relevante que deja al descubierto que la "grieta interna" en el sector energético sigue vigente ahora entre los funcionarios del ala kirchnerista del ente gasífero y el nuevo staff que conduce la massista Royón.

Recrudece la interna: el Enargas cuestiona a Energía

En las 10 resoluciones publicadas en el Boletín Oficial con las nuevas tarifas, los funcionarios a cargo del Enargas advirtieron que el Poder Ejecutivo no cumplió con los procedimientos normativos vigentes para la autorización de los aumentos y que los mismos responden a una imposición derivada del acuerdo con el FMI.

Además, anticiparon que en las próximas semanas convocarán a una nueva audiencia pública para tratar los alcances y el impacto de los incrementos en las facturas que les impusieron desde Economía y la Secretaría de Energía.

La controvertida y forzada aprobación de los aumentos quedó plasmada en las resoluciones correlativas numeradas del 325 al 334, por las cuales el Enargas habilitó a las empresas Metrogas, Naturgy Ban, Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana, Gasnor, Gasnea, Litoral Gas, Gas del Centro, Gas Cuyana y Redengas a aplicar una suba promedio en el valor de gas del 150% promedio para los usuarios residenciales que pasan a pagar la tarifa plena.

Los aumentos derivados de la pérdida de subsidios se aplicarán en tres tramos que correrán a partir de setiembre, noviembre y enero de 2023. El primer ajuste vigente desde esta semana equivale a una quita del 20% de los subsidios, cuyo impacto en las boletas implicará una suba tarifaria del 30% promedio.

Enargas culpó al Ministerio de Economía por los aumentos

En los fundamentos de todas las resoluciones, los funcionarios del ente dejaron en claro que dieron el visto bueno a los aumentos a regañadientes en medio de fuertes cuestionamientos y advertencias sobre el accionar previo que tuvieron las autoridades de la cartera económica y del área de Energía.

Siguiendo la misma línea que había fijado a fines de mayo cuando aprobó subas del 18% al 25% para los todos los usuarios residenciales, ahora el Enargas volvió a cuestionar los nuevos cuadros tarifarios con dos argumentos centrales.

En primer lugar, admitió que se vio obligado a convalidar los aumentos por una orden bajada desde arriba. Y, por otro lado, que no se dio cumplimiento al paso administrativo y regulatorio previo a la implementación de los ajustes que consiste en el llamado a una audiencia pública para tratar el nuevo precio del gas y el impacto que tendría en las tarifas finales.

Entre los principales cuestionamientos al proceder del Gobierno, que coinciden con las críticas lanzadas por las entidades de usuarios, el Enargas destacó que "los actos administrativos para la puesta en vigencia inmediata de los cuadros tarifarios se efectúan considerando los compromisos asumidos por el Estado Nacional en el programa de Facilidades Extendidas cerrado con FMI".

Según los funcionarios del ente, "la inmediatez ordenada al Enargas para la emisión de los nuevos cuadros tarifarios implica que éste cumpla lo instruido, sin que ello sea causa bajo ninguna circunstancia de que deje de ejercer las competencias que les son propias y que también se asocian directamente con la función de este organismo autárquico en la regulación de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural, cual es la de proteger adecuadamente los derechos de los usuarios y usuarias".

Gas: los cuadros tarifarios, puestos en duda

Las resoluciones también destacaron que "el proceso de traslado del precio del gas a la tarifa final comprende, entre otras cuestiones, el análisis de los contratos respectivos y el tratamiento de las diferencias diarias acumuladas. A la fecha, no se cuenta con todos los recaudos normados para llevar adelante los procedimientos antes indicados por la normativa previamente citada, lo que deberá efectuarse dada las expresas órdenes de la Secretaría de Energía y los compromisos asumidos por el Estado Nacional".

Tras subrayar que "el análisis del precio del gas que debe trasladarse a la tarifa es un elemento esencial del proceso de determinación de esta última y de la elaboración del juicio de razonabilidad tarifaria", las resoluciones remarcaron que "corresponderá oportunamente al ente efectuar todos los análisis y pasos procedimentales que permitan la participación ciudadana en los cuadros tarifarios que en definitiva resulten, comprendiendo también lo pertinente respecto del tratamiento en materia de diferencias diarias acumuladas, todo lo cual no aparece como viable en esta oportunidad en razón de la inmediatez requerida por la Secretaría de Energía".

Más allá de las excusas y justificativos esgrimidos, lo que terminó denunciado el Enargas es que el Gobierno decidió avanzar con los aumentos sin convocar a audiencia pública previa, tal como lo establece la ley 24.076 que regula el transporte y la distribución de gas y a contramano del fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2016 que frenó el tarifazo de Mauricio Macri y Juan José Aranguren por no haber cumplido, entre otros puntos, con esa instancia de participación ciudadana.

Para los especialistas del sector, por más que se hayan comprometido a realizar la audiencia pública más adelante, una eventual demanda judicial por ese incumplimiento no dejaría al margen a los actuales reguladores que dieron la vía libre a los aumentos pese a estar en desacuerdo con su forma de implementación.