Domingo 28 - Por Esteban Lafuente - La llegada al gabinete del dirigente político movió las fichas en el tablero del poder; entre las primeras medidas hay una profundización de la quita de subsidios y de la consecuente suba de tarifas de los servicios públicos, un recorte de gastos y un bono a jubilados; se esperan políticas que permitan el ingreso de divisas.

Un mes se cumple hoy desde que se supo que Sergio Massa quedaría al frente del Ministerio de Economía. El ingreso del abogado al gabinete nacional, que se concretó el 3 de agosto, generó un reacomodamiento político en el Gobierno. La movida disminuyó el rol del Presidente, silenció por el momento a las voces más críticas del kirchnerismo duro (hasta ocurrió que el economista Gabriel Rubinstein, hipercrítico de la vicepresidenta Cristina Kirchner, asumió como viceministro) y habilitó un giro hacia la ortodoxia en términos económicos, con ejes en el frente fiscal, las tarifas y un intento de acercamiento al campo. Sin medidas ni planes concretos, el exintendente de Tigre consiguió tiempo al desinflar en parte la tensión cambiaria, pero enfrenta con urgencia el desafío de conseguir divisas.

El “orden fiscal” es uno de los cuatro principios que, según dijo Massa, apuntalarán su gestión. Ni bien asumió, ratificó la intención de cumplir con la meta de déficit primario del 2,5% del PBI que había firmado el exministro Martín Guzmán en el programa con el FMI, aunque en la cartera de Economía reconocían por lo bajo que alcanzar ese objetivo era algo desafiante. Considerando la evolución de los gastos y de los ingresos en el primer semestre, se estimaba un desvío de 0,7 puntos porcentuales de esa meta. Mientras tanto, en su último staff report y a la hora de evaluar los compromisos del primer trimestre, el FMI advirtió sobre el incremento del nivel de erogaciones y pidió una “significativa repriorización del gasto y un endurecimiento de las políticas fiscales en la segunda mitad del año”. En concreto, tras un incremento del gasto del 12,8% en el primer semestre, el organismo planteó que el país debería concretar un ajuste tal que permita cerrar la segunda mitad del año con un recorte del 7,8% en términos reales.

Massa desembarcó en Economía, entre anuncios y promesas, tras un breve paso de Silvina Batakis, cuya gestión arrojó números contundentes de freno del gasto. En julio, según el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), hubo un rojo primario devengado (resultado entre ingresos y gastos, sin contar intereses de la deuda) de $46.188 millones, con una caída real del gasto del 5,4%. Fue el primer mes del año que cerró con ajustes en rubros sensibles, como las transferencias a provincias (31,6%), los subsidios al transporte (35,5% en ese séptimo mes, luego del desplome del 45,6% en junio), los gastos de capital (1,7%) y las prestaciones sociales (4,9%). “En realidad lo que hizo Batakis no fue un ajuste, sino, que, entre renuncias y salida de gente, se sentó sobre la caja y pagó menos. Eso tiene patas cortas. Massa sí hizo un ajuste”, advierte el economista Gabriel Caamaño, titular de Consultora Ledesma.

En efecto, el ministro actual sí tomó algunas decisiones concretas que implican un ajuste En primer lugar, insistió en mantener las pautas del decreto de necesidad y urgencia del Presupuesto 2022 (al no lograr la aprobación del proyecto por parte del Congreso, el Poder Ejecutivo modificó la ley vigente para 2021). Y esas partidas, diseñadas con una estimación de inflación anual del 60%, implicarán una licuación del gasto, si se tiene en cuenta que, según las proyecciones, la suba del índice de precios superará el 90%.

En paralelo, en los días previos a su primer viaje a Washington como ministro, Massa concretó modificaciones al presupuesto, como resultado neto, una baja del gasto previsto de $128.000 millones en el gasto estimado para este año. El ajuste involucró casi $50.000 millones que estaban destinados a gasto

de capital (obra pública) para las provincias, otros $70.000 millones originalmente previstos para el Ministerio de Educación (en gran medida, asignados al programa Conectar Igualdad), y$50.000 millones que iban a ser para el Procrear, montos compensados parcialmente por algunas subas en gastos corrientes.

Al mismo tiempo, Massa heredó y profundizó el plan de segmentación tarifaria que había sido diseñado por Guzmán, en un contexto en el que las transferencias del Tesoro para cubrir los subsidios llegaron a casi $1 billón, con un incremento interanual del 24% en términos reales. Sorpresas de la política, ese esquema implica finalmente mayores aumentos de los montos a pagar que llegan en las facturas que los que antes merecían ser rechazados con fiereza el kirchnerismo más duro. “En lo político, el escenario con Massa es positivo, porque hay un mayor ordenamiento dentro de la coalición y eso le permite conseguir medidas que para otros estaban mucho más complicadas, como fue la segmentación. Después, hay que ver para qué se ordena la política”, sostiene Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora Eco Go.

Mientras aún se están procesando los datos de los usuarios de servicios que completaron el formulario, en septiembre se avanzará con una quita del 20% de los subsidios a los usuarios de nivel 1 (mayores ingresos) y el Gobierno proyecta un ahorro de $47.500 millones para lo que queda de 2022.

Desde el lado de los ingresos, se avanzó con el régimen de un anticipo extraordinario de Ganancias que, según afirman desde el oficialismo, alcanzaría a 1911 empresas y serviría para recaudar $250.000 millones. La decisión generó el rechazo del sector privado, por el incremento de la presión fiscal.

“El desafío del Gobierno es generar ajustes sostenibles y profundizables. Lo de las tarifas es contraproducente desde el punto de vista de la racionalidad de la segmentación, pero es profundizable el año que viene, aunque hay un desafío político ahí”, advierte Caamaño.

Ymásalládelamiradahacia2023, la dinámica de las jubilaciones también enciende luces amarillas en el presente e impacta sobre la cuestión fiscal. El mismo día en que se confirmó el incremento del 15,53% de los haberes para el trimestre de septiembreanoviembre,porcentaje que resulta de aplicar la fórmula de movilidad establecida por ley, también se anunció un refuerzo de ingresos (de hasta $7000 mensuales) para quienes cobran haberes más bajos, en un esquema que achata la pirámide y da cuenta de que se sigue corriendo por detrás a la inflación.

“En otros puntos la cuestión fiscal está complicada, porque buena parte del gasto se indexa, como las jubilaciones, los salarios o los subsidios. El año pasado, las jubilaciones terminaron en el 7,2% del PBI, son valores mínimos y es difícil que se pueda seguir ajustando, porque la inflación se tendría que acelerar y caerían a niveles que socialmente no son digeribles. Si en 2023 la inflación no vuelve a acelerarse, esos gastos van a aumentar, porque vienen atrasados. Esa es la meta del año que viene”, agrega Caamaño.

La urgencia del dólar

Tras la corrida contra el peso en el mercado paralelo disparada a fines de junio, Massa también planteó entre sus prioridades el “fortalecimiento de las reservas” como uno de sus pilares. Y si bien se logró estabilizar la presión cambiaria, con una brecha por encima del 100%, el ministro apenas ganó algo de tiempo, mientras el mercado aguarda anuncios o medidas concretas. En este contexto, la escasez de divisas empieza a tener efectos en el nivel de actividad, por la falta de insumos y las restricciones a las importaciones que afectan a diferentes sectores productivos, y por la inflación. En las terminales automotrices, por ejemplo, advierten que en lo que va de agosto no se importaron vehículos, porque no se recibieron autorizaciones para concretar las operaciones.

En las últimas semanas, el Banco Central logró frenar la caída de reservas, que se había acelerado desde fines de julio. Hubo casi dos semanas de saldo positivo por sus intervenciones, aunque solo pudo recuperar parte de los montos perdidos anteriormente. Así, las reservas brutas se mantienen en alrededor de US$37.000 millones, y las netas rondan los US$1500 millones. Eso demuestra que el fortalecimiento del patrimonio del Banco Central es aún una cuenta pendiente.

“Son números justos. El tema es intentar conseguir dólares de algún lado”, dice en off the record un importante funcionario del Banco Central. Más allá de anuncios o intenciones, no hubo avances o desembolsos vinculados con los préstamos Repo que el Ministerio de Economía negociaba, por alrededor de US$5000 millones, con tres bancos internacionales, ni grandes ejecuciones en la idea de adelantos de exportaciones por parte de las cerealeras. En el plan de evitar una devaluación puntual del tipo de cambio oficial, tampoco funcionó el esquema diseñado para incentivar la exportación de granos, que permite la compra de dólares al valor del oficial por el 30% de las ventas ejecutadas. Por eso, el ministro sigue trabajando, en diálogo con las entidades del campo, en un rediseño o una prórroga del esquema del llamado “dólar soja”, que vence, en principio, a fines de agosto. El objetivo es dinamizar esa exportación y captar parte de los US$14.000 millones en granos que, según el titular de Ciara, Gustavo Idígoras, están guardados en silobolsas en el país.

Las medidas más contundentes del Banco Central asociadas al frente cambiario fueron las fuertes subas de la tasa de interés (anunciadas el 29 de julio y el 11 de agosto), que dejaron en 69,5% el rendimiento de las Leliq a 28 días y en 96,8% la tasa efectiva anual de los plazos fijos a 30 días. En paralelo, Massa logró la llegada a la autoridad monetaria de Lisandro Cleri, extitular de la Comisión Nacional de Valores, como vicepresidente segundo. Así, podrá seguir de cerca las operaciones cotidianas del organismo. Y mientras dijo que va a “pelear para darles los dólares que necesiten a quienes producen”, el Gobierno sumó 34 posiciones arancelarias (incluye consolas, whisky y bicicletas) al esquema de Licencias No Automáticas para importaciones, y denunció en la justicia maniobras de sobrefacturación de importaciones.

Massa también ratificó que no usará más adelantos transitorios del Banco Central como mecanismo de financiamiento del Tesoro (en rigor, el cupo ya estaba cerca del límite que fija la Carta Orgánica del organismo y de lo firmado en el acuerdo con el FMI), y reintegró $10.000 millones al ente monetario. A su vez, completó con un 85% de aceptación un canje de bonos en pesos, y despejó el calendario de pagos de corto plazo. Así, logró extender cerca de $2 billones en pagos, inicialmente previstos entre agosto y octubre de este año, por otros instrumentos que vencen en el año 2023.

En ese escenario, el ministro viaja a Washington a verse cara a cara con el FMI, con la intención de gestionar un préstamo adicional por US$1300 millones. Mientras tanto, el avance del programa demandará una revisión o un waiver, especialmente en lo referido a la meta de reservas. El actual segundo semestre luce desafiante. Más allá de la caída estacional en la oferta de exportadores tras el período de cosecha gruesa, el deterioro de la balanza comercial, que profundizó en julio su rojo (US$437 millones) abre interrogantes para el mayor desafío de la economía argentina: conseguir dólares. ß