Por Laura Serra - En un hecho sin precedentes en la historia parlamentaria reciente, la conducción en pleno de un bloque opositor presentó un pedido de juicio político contra un presidente. Juntos por el Cambio avanzó ayer en ese sentido contra Alberto Fernández, tras considerar “temerarias y amenazantes” las palabras que el Presidente le dedicó al fiscal de la causa Vialidad, Diego Luciani, a quien vinculó con Alberto Nisman, quien falleció en 2015 tras denunciar a Cristina Kirchner.

Con todo, el bloque opositor impulsó el juicio político a sabiendas de que no tiene la mayoría agravada –dos tercios de los miembros presentes– para avanzar efectivamente sobre Fernández: de lo contrario, difícilmente lo hubiese impulsado.

“Si en este clima de agitación política se le abriese el juicio político a Fernández la conmoción sería total.

Seríamos, además, funcionales a la estrategia del Gobierno y de Cristina Kirchner, que quiere instalar que el peronismo es víctima de una persecución política y judicial”, se sinceró un encumbrado dirigente de Juntos por el Cambio, promotor –paradójicamente– del pedido de enjuiciamiento al jefe del Estado.

La estrategia de solicitar el juicio político al Presidente se gestó temprano por la mañana, luego de que referentes del ala dura de la oposición insistieran en abarrotar los tribunales con denuncias penales contra el Presidente. “Era todo un desorden y los ‘talibanes’ de nuestro espacio estaban sacados”, relatan referentes de la coalición. Finalmente se encontró en la figura del pedido de enjuiciamiento, firmada por la conducción del interbloque en pleno, una salida elegante para responder a las ansias de los más duros, a sabiendas de que se trata de una medida simbólica.

Los legisladores acusan a Fernández por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones en el texto presentado por Cristian Ritondo (Pro), Mario Negri (UCR), Rodrigo de Loredo (Evolución), Juan Manuel López (CC) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), entre otros.

Facundo Manes fue el único diputado de la coalición que no firmó el proyecto. Por la noche, y tras recibir críticas, calificó los dichos de Fernández como “irresponsables, peligrosos e indignantes”. Pero advirtió que un juicio político “es una medida extrema” que “no se puede banalizar”.

El proyecto opositor será girado a la Comisión de Juicio Político, que preside la oficialista Carolina Gaillard. El Frente de Todos cuenta con mayoría en esa comisión, por lo que es muy improbable que prospere. Además, el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, de Consenso Federal, también integrante de dicha comisión, no está de acuerdo con los fundamentos que esgrime Juntos por el Cambio. “No podemos enjuiciar un presidente por declaraciones periodísticas, sí por sus disposiciones de gobierno”, sostiene.

Durante la conferencia de prensa, los representantes de la oposición se refirieron en duros términos a las definiciones vertidas por Fernández. “El Presidente no debe opinar, ni mucho menos intimidar, a la Justicia. No vamos a permitir que el kirchnerismo avance sobre la división de poderes”, sostuvo Ritondo, quien afincó la denuncia en la violación del artículo 109 de la Constitución.

La diputada Stolbizer señaló que el problema radica en que Fernández “fija una posición en una causa judicial, algo totalmente vedado por la Constitución”. Así y todo, Stolbizer calificó de “muy incierto y difícil” que el pedido llegue a ser debatido en el recinto. “Nosotros no desconocemos la mayoría agravada que se necesita, sin embargo nos pareció que lo importante era que esto no pasara desapercibido”, admitió.