Por Hernán Cappiello - El fiscal federal Diego Luciani ayer pidió que Cristina Kirchner sea condenada a una pena de 12 años de prisión, al acusarla de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta agravada por su condición de funcionaria pública. En su última jornada de alegato, Luciani solicitó que la vicepresidenta sea inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos y que su fortuna sea decomisada hasta la suma de 5321 millones de pesos. “Señores jueces, este es el momento: es corrupción o justicia”, concluyó. El tribunal definirá si acepta el pedido de condena antes de fin de año.

Ante la acusación, Cristina Kirchner pidió volver a declarar hoy, pero el tribunal lo rechazó. La vicepresidenta dijo entonces que estaba ante un “pelotón de fusilamiento mediático-judicial” y que hoy contestaría a través de las redes.

Mientras la tensión crecía frente al departamento de la vicepresidenta, en Recoleta, con cacerolazos y forcejeos entre grupos a favor y en contra, el gobierno de Alberto Fernández expresó su apoyo a Cristina Kirchner a través de un comunicado.

El monto del pedido de decomiso equivale a unos 1000 millones de dólares, calculados a un dólar promedio entre el valor de la divisa en la primera y la última de las licitaciones analizadas, y se solicitará su actualización. “Este es el monto del delito”, dijo el fiscal, y aseguró que debe prorratearse entre todos los acusados. Si alguien no tiene suficiente dinero, el resto debe ser solidariamente responsable de aportarlo con su patrimonio.

“Atenta contra el sistema democrático quien incurre en grave delito doloso que implique enriquecimiento”, recordó Luciani que señala la Constitución, que equipara la corrupción con alzarse contra las instituciones republicanas. Y resaltó que en el juicio “quedó exhibida la matriz de corrupción más evidente de los últimos 40 años”.

Si el tribunal decide condenar a Cristina Kirchner (el veredicto se conocería a fin de año), la pena de prisión efectiva solo se cumplirá si el fallo queda firme, es decir, una vez que lo revise la Corte Suprema de Justicia, lo que lleva años. Lo mismo cabe con la inhabilitación para ocupar cargos públicos, por lo que no tendría inconvenientes para postularse a un cargo electivo en 2023.

Luciani argumentó que, desde ese rol de jefa de la organización, Cristina Kirchner mantuvo un mecanismo de corrupción institucional durante 12 años. Sostuvo además que la estructura la montó su esposo, Néstor Kirchner, cuando se aseguró de convertir a Lázaro Báez, exempleado bancario, sin experiencia en la construcción, en el contratista al que le iban a dar la obra pública santacruceña por miles de millones de pesos. Luego, parte de ese dinero, una vez blanqueado mediante el pago de supuestos contratos de alquiler hotelero, regresó al patrimonio presidencial.

“Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, dijo Luciani, y señaló que “los imputados sustrajeron los fondos del erario en provecho particular adoptando las medidas para efectuarlo en condiciones de impunidad, desactivando los mecanismos de control”. Y enfatizó: “La corrupción fue la regla, el Estado de Derecho quedó rezagado y este desequilibrio debe restaurarse en este juicio con una sentencia justa”.

“Los funcionarios deben rendir cuenta de sus acciones. Determinar qué hay detrás de la obra pública es función del Poder Judicial”, dijo para rechazar la idea de que estas decisiones no eran revisables judicialmente, como ensayó el presidente Alberto Fernández.

El fiscal Luciani y su colega Sergio Mola reclamaron, además, que como organizadores de la asociación ilícita sean condenados Julio De Vido, a 10 años de prisión; el exsecretario de Obras Públicas José López, a 10 años de cárcel; el extitular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti, a 10 años, y Lázaro Báez, a la pena de 12 años de prisión.

López ya está condenado a seis años de cárcel por enriquecimiento ilícito, por lo que en caso de una condena será unificada con aquella. Lo mismo sucede con Báez, que ya fue sentenciado a 12 años de cárcel, y con De Vido, ya condenado a cuatro años por la compra de trenes a España y Portugal y a cinco años y medio por la tragedia de Once.

La fiscalía entendió que a Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner, le corresponde la pena de dos años en suspenso y solo lo acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por administración fraudulenta, el fiscal pidió que sean condenados el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, a cuatro años; a los exresponsables del Distrito N°23 Santa Cruz de Vialidad Nacional Raúl Osvaldo Daruich, a cinco años de prisión, y Mauricio Collareda, a seis años; y a los expresidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz Héctor René Jesús Garro, a tres años en suspenso; Juan Carlos Villafañe, a 6 años de prisión; Raúl Gilberto Pavesi, a cinco años de prisión, y José Raúl Santibáñez, a cuatro años.

“El orden público ha sido trastocado -dijo Luciani- por una organización de funcionarios de alta jerarquía, presidida por la presidenta de la Nación como jefa y sus principales ministros como organizadores”. Enfatizó que “se sustrajeron fondos de la ciudadanía tributados en la confianza en que se iban a utilizar en fines lícitos y en su beneficio”.

El actuar mancomunado de los integrantes de la organización aseguró su impunidad, entendió el fiscal, quien consideró como agravantes la calidad de funcionarios públicos, su alta jerarquía y el deber que tenían de custodiar fondos públicos. Con respecto a Cristina Kirchner, el fiscal entendió que son agravantes la magnitud de los delitos cometidos, su aporte dirimente, su poder de dirección de los demás y porque fue una de las “usufructuarias” de la conducta, la “extensión del daño”, el “lucro personal buscado”. Interpretó que el hecho implicó una “cuidadosa reflexión” y el apartamiento de cualquier escrúpulo”. Valoró negativamente su cargo de presidenta, que prometió defender “con lealtad y patriotismo”. “Todo esto lo incumplió”, enfatizó. Luciani también valoró de manera desfavorable su nivel de vida, el desprecio demostrado a la ciudadanía” y en particular el perjuicio para los santacruceños y los empleados despedidos para ocular la maniobra.

Los acusados alegarán desde el 5 de septiembre, con tres jornadas cada uno para defenderse.

El fiscal federal “Para defender puerilmente a su compañera de fórmula (alberto fernández) intentó correr el foco de la discusión (al argumentar que las contrataciones del estado no son materia judiciable)” “es llamativo que el Presidente no pueda distinguir esta cuestión elemental” “los mayores perjudicados por la corrupción siempre son los más frágiles”