El fiscal federal Diego Luciani pidió hoy que la vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La acusó de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública al finalizar sus alegatos en el juicio oral por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez.

“Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde -dijo-. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”. Y añadió: “nuestro único objetivo fue buscar la verdad”. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”.

El fiscal tuvo en cuenta una serie de agravantes para pedir la condena a Cristina Kirchner: CFK: la magnitud de los delitos cometidos, que su aporte fue principal, su poder de dirección para el resto de los acusados, los medios empleados, la extensión en el tiempo de daños. También la calidad de los motivos de la maniobra (“el lucro personal buscado”) y el “apartamiento de cualquier tipo de escrúpulos”.

Luciani también ponderó “el desprecio a la ciudadanía en general por dilapidar fondos públicos, a los ciudadanos de Santa Cruz en particular que no tuvieron las rutas construidas y a los empleados de las empresas que se quedaron sin trabajo”. El fiscal dijo que la ex presidenta “defraudó a los ciudadanos que la votaron”.

Obra pública: la fiscalía pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos

“No tuvo arrepentimiento y ostentaba el cargo máximo del estado nacional y empleó su poder sobre el resto de los imputados para alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada”, concluyó el fiscal. En los juicios hay situaciones que atenúan la pena para los acusados. “No encuentro ni un solo atenuante para Cristina Kirchner ante los crímenes cometidos”, sostuvo el fiscal.

En la audiencia de hoy el fiscal Sergio Mola expuso que la defraudación al estado nacional en las obras que recibió Báez fue de 5.321 millones de pesos. Y el fiscal Luciani pidió el decomiso sobre los bienes de los acusados por ese monto prorrateado entre los acusados. También solicitó el decomiso de las empresas de Báez y de 12 estancias compradas por él y por sus hijos. “Deviene de suma importante que de dictarse el decomiso de los bienes el destino sea instituciones de bien público para equilibrar el perjuicio de los graves delitos”, planteó Luciani.

Luego de la descripción de los hechos, Luciani pidió investigar a las empresas que se presentaban para licitar por entender que habrían sido espurias para simular la existencia de competencia con las firmas de Lázaro Báez. Ahí nombró a las empresas Petersen Esuco y Equimac. El fiscal también solicitó extraer testimonios para investigar “la posibilidad de ilicitudes con el proceso licitatorio al hospital materno infantil de Río Gallegos” y “de todos los posibles ilícitos que surgen del teléfono de José López”.

Como conclusiones finales, la fiscalía le apuntó al presidente Alberto Fernández y habló de la “injerencia indebida” en el curso del juicio. Fue cuando recordó que sus palabras en torno a que “la cartelización de la obra pública es un problema histórico de la Argentina”. “El Estado es víctima de estos delitos, pero no hay que confundir el estado con las personas que ocasionalmente conducen o administran” y la ciudadanía es víctima.

El fiscal se refirió a las palabras de Alberto Fernández cuando habían detenido al a José López en 2016. “Le quisiera recordar que dijo públicamente que renunció como jefe de Gabinete por la corrupción en la obra pública”, señaló. Pero subrayó que ahora el jefe de Estado buscó correr el foco de esas declaraciones . “Para defender puerilmente a su compañera de formula evitó hablar de los hechos probados en el caso”, aseguró.

La fiscalía se quejó porque “dirigentes políticos se desentendieron de la corrupción”. “La corrupción dejo de ser un tema de agenda política, se opto por eludirla y se evito hablar de las consecuencias”, afirmó. Fue así que recordó que la Oficina Anticorrupción, durante este gobierno, dejó de ser querellante en diferentes causas o la Unidad de Información Financiera, en esta causa, resolvió no acusar. “Esto demuestra un intento para silenciar la imperiosa necesidad de juzgar estos hechos y de que la verdad salga a la luz”, afirmó.

Según sus palabras, “algunos altos funcionarios del Gobierno actual se han atrevido a descalificar las investigaciones de graves hechos de corrupción como el único fin de menoscabar al poder judicial”, dijo Luciani, tras subrayar que “el poder de las mayorías no es absoluto”

“La misma imputada Cristina Fernández Kirchner desafió a este tribunal al aseverar ‘a mí me absolvió la historia’ cuando bien sabe que es el Poder Judicial” el que condena o absuelve ante eventuales delitos y en cumplimiento de garantías constitucionales, subrayó. “Los gobernantes deben rendir cuentas de sus funciones”, afirmó.

Y cerró su alegato hablando de la violación a los derechos humanos cuando se cometen crímenes de corrupción. “La corrupción afecta el Estado de Derecho”. “Los fondos extraídos ilegalmente hubieran servido para paliar la pobreza”, resaltó. “De haberse procedido de manera eficiente, las rutas hoy estarían terminadas”, agregó.

Las acusaciones

A la hora de pedir las penas, Luciani acusó a Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López, a Lázaro Báez y al ex titular de la dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti como organizadores de la asociación ilícita y autores de fraude a la administración pública y solicitó para ellos una de penas de entre doce y diez años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

“El orden público ha sido trastocado por una asociación ilícita dirigida por la presidenta de la nación como jefa y por sus principales ministros como organizadores”, dijo Luciani sobre la asociación ilícita.

Para Carlos Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner y ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, la fiscalía pidió dos años años de prisión por abuso de autoridad. Kirchner llegó acuso de integrar la asociación ilícita pero los fiscales señalaron que no probó su participación.

Al resto de los imputados los acusó del delito de fraude en perjuicio de la administración pública. Son Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. Para ellos la Fiscalía solicitó penas de entre seis y cuatro años años de prisión.

Según se había resuelto, el juicio iba a continuar el próximo 5 de septiembre cuando se inicien los alegatos de las defensas. Sobre el final de la audiencia, el defensor Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, formalizó el pedido de ampliar mañana su declaración indagatoria.

Aquí el resumen de los pedidos de penas:

-Cristina Kirchner, ex presidenta. 12 años.

-Lázaro Báez, empresario. 12 años.

-Julio De Vido, ex ministro de Planificación. 10 años

-José López, ex secretario de Obras Públicas. 10 años.

-Nelson Periotti, ex titular Dirección Nacional de Vialidad (DNV). 10 años.

-Mauricio Collareda, jefe de Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV. 6 años.

-Juan Carlos Villafañe, ex jefe de la AGVP. 6 años.

-Raúl Daruich, responsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV. 5 años.

-Raúl Pavesi, ex titular de la AGVP. 5 años.

-Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas. 4 años de prisión.

-José Raúl Santibáñez, ex presidente del directorio de AGVP 13. 4 años.

-Héctor Garro, ex presidente de la AGVP. 3 años de prisión en suspenso.

-Carlos Santiago Kirchner, exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del expresidente Néstor Kirchner. Absolución por asociación ilícita y 2 años por administración fraudulenta.