Por Luis Cortina - Ajuste fiscal (con compromiso político de la coalición de gobierno) y achique de la enorme brecha cambiaria entre el dólar oficial y los financieros. Tales conceptos, claros en su definición, pero dificilísimos de resolver en la actual coyuntura de la Argentina, son la síntesis de las recomendaciones de casi todo el espectro de analistas económicos. Con el agravante, una vez más, del paso del tiempo. “Actuar tarde en decisiones de política económica resulta en mayores costos”, resumía Daniel Artana en el último informe de indicadores de coyuntura de FIEL.

Tras haber alimentado la expectativa sobre su designación y las medidas que habría de tomar como ministro, Sergio Massa anunció anoche una serie de iniciativas que van en aquellas direcciones, aunque podría decirse que, por lo menos, aún les falta volumen (una palabra que adquirió protagonismo en este gobierno) para evaluar sus alcances.

La mayor apuesta para recortar el gasto, tal como se había anticipado, está en un recorte más pronunciado de los subsidios a las tarifas de energía. Quedó de lado la segmentación en tres grupos que había propuesto Martín Guzmán (y que su fugaz sucesora Silvina Batakis había ratificado) y se optó por mantener la ayuda estatal solo en el sector de “tarifa social”, con algunos límites: solo regirá para quienes consuman menos de 400 kw/h por mes. Quienes no ahorren tendrán tarifa plena en el excedente de ese consumo. Tarifa que regirá desde el inicio para los cuatro millones de usuarios que ya renunciaron a los subsidios, según los cálculos de Economía.

Massa evitó dar precisiones sobre el ahorro de subsidios que implicará este cambio, excusándose en que lo importante es el ahorro de energía que traería esta medida en un mundo en crisis. La falta de datos fue cuestionada por más de un analista, igual que en el caso de la revisión de los planes sociales. “Es una noticia en desarrollo, como se pone ahora en los medios”, ironizó un experto.

También en materia fiscal, el ministro ratificó el anuncio que había hecho Batakis en cuanto al congelamiento de las vacantes en todo el sector público nacional, más allá de que desde aquel anuncio hasta hoy miles de empleados estatales hayan pasado de carácter temporario a permanente.

El objetivo general es cumplir con la meta de déficit anual pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ratificada por el ministro, del 2,5% del PBI. Aquí también faltaron precisiones. La colega Liliana Franco le preguntó cómo haría para reducir el gasto real en 8 puntos del PBI, como lo planteó el Fondo en su última revisión. El ministro solo aclaró que se tratará de “un trabajo conjunto entre la administración central y descentralizada y las provincias estableciendo prioridades. Tenemos una planificación, y no me gustaría que en el trabajo coordinado acordado se enteren por los medios”.

Queriendo dar una señal contundente, Massa anunció que el Tesoro no va a requerir más adelantos transitorios del Banco Central, y que el lunes le devolverá a la entidad $10.000 millones. Para un analista que mira con lupa los números fiscales, esto no pasa de un “anuncio formal”. En todo caso, tal asistencia, utilizada a lo largo de todo el año, ya estaba casi en el límite establecido en el acuerdo con el FMI. “De todos modos, por lo que vimos en junio y julio siempre hay formas de disfrazar esa asistencia por otras vías”, destaca el experto, en referencia al intercambio entre el Tesoro y el Central de los DEG que entregó el Fondo.

En materia de financiamiento, Massa y su equipo (seguramente con el apoyo del experto Daniel Marx, en su regreso a la función pública, ahora como asesor) ofrecerán un canje de deuda “voluntario” por los vencimientos de los próximos 90 días. El “cuco” allí era el monumental vencimiento de septiembre, cuando habría que pagar o refinanciar títulos por $1,2 billones.

El ministro anticipó que ya tiene el compromiso de adhesión equivalente a “más del 60%” de esa deuda. No aclaró si esos compromisos fueron tomados por acreedores privados (las conversaciones con bancos de los últimos días habrían ido en ese sentido), dado que buena parte de esos títulos, a esta altura, están en manos de organismos públicos (la Anses y el Banco Central, sobre todo).

La intención sería evitar verse sometidos a nuevos tests de deuda en lo sucesivo, como una señal. Con una advertencia: el plazo estipulado se cumple a principios de noviembre, y ya se sabe que el último mes del año siempre trae algo de estrés a las finanzas públicas.

Las medidas que apuntan a fortalecer las reservas y achicar la brecha cambiaria se basan, por ahora, en un “compromiso” de algunos sectores exportadores de anticipar liquidaciones de divisas por US$5000 millones, con un mecanismo similar al establecido para el llamado “dólar soja”. Al menos desde el sector agropecuario ya manifestaron sus reparos por las complicaciones técnicas y financieras que tiene el sistema. De allí que la Mesa de Enlace, si bien valoró la convocatoria al diálogo, expresó la necesidad de “medidas concretas”.

Lo delicado de la situación en esta materia se manifiesta en que el BCRA, en los últimos días, está vendiendo unos US$140 millones por jornada. Cuáles son los incentivos a esos productores para que anticipen sus liquidaciones de dólares es aún una incógnita, pero de no ser efectivos cabe esperar que siga habiendo presión sobre la brecha. “Estas medidas en mayo hubieran evitado varios disgustos, en agosto parece que no atacan todos los frentes al mismo tiempo ni con la misma contundencia”, evalúa un estudioso de las cuentas externas. Es que hace tres meses las reservas netas del BCRA estaban en US$3900 millones y ahora quedan 2000 millones, según sus cálculos.

“Si no se comprime la brecha cambiaria, la demanda de dólares oficiales va a ser infinita”, previene el informe de EcoGo. ß