Por Joaquín Morales Solá - Los contemporáneos nunca saben en qué instante cambia (o concluye) un ciclo político. Es probable que para el kirchnerismo ese momento haya sucedido el lunes, cuando el fiscal Diego Luciani hizo el más fuerte y valiente alegato oral contra la corrupción en los casi 39 años de democracia. La decadencia del kirchnerismo no se funda solo en ese alegato, claro está, sino en que este está ocurriendo luego de que la facción peronista gobernante mostró claros signos de un definitivo agotamiento.

De hecho, Cristina Kirchner está ahora en el poder gracias a la deserción política y moral de dos dirigentes que la criticaron y denunciaron: Alberto Fernández y Sergio Massa. Para pasar de enemigos a aliados de ella dejaron sus principios en la puerta de la Casa de Gobierno, para usar una metáfora a la que recurría Néstor Kirchner. Si se escucha bien el potente “yo acuso” de Luciani, es posible que el fiscal termine pidiendo el máximo tiempo de prisión, de cumplimiento efectivo, para la vicepresidenta; esto es, 16 años por haber comandado una asociación ilícita para sustraerle dineros al Estado en beneficio de la familia Kirchner.

El tribunal podrá condenarla a esos años de prisión o bajar en algo la pena (¿14, 12 o 10 años?), pero difícilmente esté en condiciones jurídicas de descartar los argumentos y, sobre todo, la enorme carga de las pruebas que mostró el fiscal. La deducción más obvia es, entonces, que Cristina Kirchner será condenada a prisión de cumplimiento efectivo antes de fin de año. Podrá apelar, desde ya, tanto a la Cámara de Casación Penal como a la Corte Suprema. Pero mientras una instancia superior al tribunal oral no revoque la decisión de este, esa eventual condena estará vigente. Será una persona que caminará por la vida y por la política condenada a prisión por delitos de corrupción contra la administración pública. Cristina Kirchner enfrenta esa novedad cuando su índice de imagen negativa en la sociedad está más cerca del 70 que del 60 por ciento, y cuando su imagen positiva está por debajo del 30 por ciento, por primera vez en muchos años. La grave denuncia penal del fiscal Luciani se cruza, entonces, con el crepúsculo político de la vicepresidenta. ¿Cómo no concluir que estamos ante el final de un ciclo político?

La soledad es otro síntoma de la decadencia. Ni el Presidente ni el nuevo hombre fuerte del Gobierno, Sergio Massa, salieron en defensa de Cristina Kirchner; solo lo hizo el debilitado jefe de Gabinete, Juan Manzur, a quien la expresidenta quiso sacarle el cargo para dárselo a un gobernador supuestamente más leal, el chaqueño Jorge Capitanich. Manzur cree más en la necesidad de conservar su cargo que en la inocencia de Cristina. Se vio, en cambio, una foto de Massa rindiéndole pleitesía a la vicepresidenta el mismo día en que Luciani la acusaba de haber robado dinero del Estado. No hay registro de una foto de Massa dándole cuenta de sus actos a Alberto Fernández después de que este lo nombró superministro de Economía. El eclipse casi total del Presidente es otra novedad de la política. Nadie le puede negar a Massa el olfato para descubrir la ventaja del momento ni para establecer quién es más importante para satisfacer su inmensa ambición. Sea como fuere, tampoco los gobernadores ni los intendentes más importantes le acercaron su solidaridad a Cristina Kirchner; ese gesto quedó encerrado solo entre el cristinismo más cerril, entre el fanatismo ciego y sordo, que todavía sigue viendo en una mujer extraordinariamente rica a una lideresa que se puso al frente de una revolución inverosímil.

La defensa de los cristinistas es casi la aceptación de la culpabilidad de su jefa. Nadie rebatió los argumentos y las pruebas del fiscal Luciani. Se limitaron a hacer política de prontuario. De supuestos prontuarios, para ser justos. O a asegurar en los medios filokirchneristas que Luciani no exhibió pruebas, sino solo deducciones. ¿No son pruebas los contratos firmados arbitrariamente a favor de Lázaro Báez, un monotributista hasta 2003 que luego se convirtió en uno de los más poderosos empresarios de la construcción? ¿Fue una casualidad que Báez, que nada sabía de la construcción, haya sido el concesionario de casi todas las obras públicas de Santa Cruz, la provincia que recibió más dinero para obras que la propia provincia de Buenos Aires? ¿No son pruebas los monumentales aumentos presupuestarios que beneficiaron a Lázaro Báez ni las prórrogas para que terminara las obras, a pesar de que abandonó sin concluirlas casi la mitad de las obras que le adjudicaron? ¿Son otra casualidad los intercambios de mensajes telefónicos entre funcionarios kirchneristas para cumplir con el operativo “limpiar todo”, que significaba, en primer lugar, pagarle a Lázaro Báez todo lo que el Estado le debía? En rigor, cuando Mauricio Macri llegó al gobierno, Báez era el único empresario al que el Estado no le debía nada. De todos modos, el fiscal Luciani solo comenzó su alegato; en los próximos siete días se ocupará de mostrar las pruebas de la corrupción en cada caso concreto. El camino del calvario solo empezó para Cristina Kirchner.

La matriz de corrupción con la obra pública tuvo una primera víctima. Fue el exgobernador de Santa Cruz Sergio Acevedo, quien renunció a la gobernación cuando se negó a firmar un convenio con Vialidad Nacional para que esta realizara obras públicas en esa provincia con sobreprecios inexplicables. “No quiero terminar preso”, dijo Acevedo, y se fue del gobierno. El adjudicatario de tales obras era, por supuesto, Lázaro Báez. El actual senador Luis Juez se ofreció públicamente a dar su testimonio de que esa matriz corrupta existió. Él fue intendente de Córdoba entre 2003 y 2007. Contó que una vez lo visitaron funcionarios nacionales y Lázaro Báez para ofrecerle pavimentar 10.000 cuadras en la ciudad de Córdoba. Juez se acababa de hacer cargo de la intendencia. Les respondió que no podía hacer esas obras, porque había heredado un municipio que les debía varios meses de sueldos a sus empleados y que tenía deudas enormes. Sus interlocutores le respondieron que ese no era un problema porque Vialidad Nacional se haría cargo de las obras. “Dios me acompaña siempre, acotó Juez, porque le dije que no a una propuesta tan tentadora. Si hubiera aceptado, hoy estaría sentado en el banquillo de los acusados frente al fiscal Luciani”, denunció, y concluyó: “Yo soy testigo de que esa asociación corrupta existió tal como la explicó el fiscal”.

Otro mito que cayó en ese lunes áspero fue la leyenda de que Cristina Kirchner no conocía las maniobras de su marido para construir una fortuna personal incalculable con recursos del Estado. “¿Cómo que no sabía? Ella sabe que cada uno de los muchos bolsos Louis Vuitton que usa cuesta 30.000 dólares. ¿De dónde sale tanta plata? ¿De su sueldo como legisladora? Imposible. Ella también es ladrona”, propinó en su momento Elisa Carrió, que fue quien presentó la primera denuncia por asociación ilícita por la obra pública. Esa denuncia, que ingresó en los tribunales en 2008, es la que llegó ahora al juicio oral y público. La denuncia fue firmada también por Patricia Bullrich y por Paula Oliveto, entre otros dirigentes de la entonces Coalición Cívica. Pasó lo mismo luego de la muerte de Néstor Kirchner: ¿podía Cristina Kirchner, presidenta de la Nación, ignorar lo que hacían sus funcionarios y los empresarios amigos de su familia? Imposible, otra vez. Ella firmaba los decretos que beneficiaban a los amigos.

No hay refutación, en efecto, al sobrio y profesional alegato de Luciani. Hay, sí, difamación y descalificación por parte del cristinismo, que ya es un sistema más que un método. Funcionarios cristinistas divulgaron que el fiscal adjunto, Sergio Mola, ingresó a la Casa de Gobierno en tiempos de Macri. ¿Cuál es el pecado? ¿Y si fue solo a hacer un trámite o a visitar un amigo? ¿Por qué ingresar a la Casa de Gobierno sería un acto ilegal o ilegítimo? Llegaron al colmo del absurdo cuando mostraron una foto del fiscal Mola con el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que es el jefe de los fiscales. Casal y Mola juntos es, para ellos, la prueba de la conspiración. Una reunión entre un fiscal y el jefe de los fiscales es el trámite más natural del mundo. Es lo mismo que acusar a Cristina Kirchner mostrando una foto en la que se la viera ingresando al Senado. Hicieron lo mismo con otro fiscal valiente, Carlos Stornelli, luego de que este investigó la llamada causa de los cuadernos, que será más explosiva que la de Vialidad cuando llegue al juicio oral y público. Nunca nadie dijo que el chofer Oscar Centeno, que escribió esos cuadernos como una crónica precisa de la corrupción kirchnerista, mintió. Pero le fraguaron a Stornelli una causa armada en Dolores para desprestigiarlo y, por esa vía, voltear la causa de los cuadernos. La estrategia se conoció por obra de la incontenible verborragia del actual diputado Eduardo Valdés, albertista y cristinista al mismo tiempo, quien les comentó por teléfono de la “Operación Puf”, para sacar a Stornelli y tumbar la causa, a los exfuncionarios que estaban presos en Ezeiza. Las conversaciones del penal de Ezeiza estaban siendo grabadas por orden de la Justicia en una causa contra un narcotraficante. En medio de esas conversaciones, apareció la confesión de Valdés. Ni siquiera hacen bien las cosas malas.

La aseveración de los abogados de Cristina Kirchner, que cobran fortunas sin ningún éxito hasta ahora, de que no hay pruebas fue rebatida en su momento por la propia Corte Suprema de Justicia. En su reciente resolución, por la que rechazó una apelación de la vicepresidenta para frenar el actual juicio oral y público, el máximo tribunal de justicia del país señaló que “la defensa no demostró que su asistida esté ante una situación de privación de justicia, sin posibilidad de reparación ulterior”. Y agregó, con respecto a la aseveración de la defensa de que solo se estaba usando la causa con fines políticos, que tales afirmaciones “aparecen como meras conjeturas sin sustento en las constancias de la causa”. Esa es la verdad, no los dislates de defensores y funcionarios cristinistas, que solo quieren llenar las páginas de los diarios y los espacios de radio y televisión para cubrir las correrías de su jefa. Los que leyeron la resolución de la Corte o escucharon al fiscal Luciani saben que esos pretextos cristinistas están destinados a fanáticos o a ignorantes. La práctica es, otra vez, parte del sistema.

La Cámara de Casación Penal debería resolver cuanto antes el caso de Hotesur y Los Sauces, porque está fuertemente vinculado a la causa de Vialidad. Lázaro Báez, el beneficiario de la obra pública, era uno de los dos empresarios (el otro es Cristóbal López) que lavaban dinero en los hoteles y edificios de la familia Kirchner. Un tribunal oral decidió absolver a Cristina Kirchner sin juicio previo. Un privilegio casi único en la historia. La medida fue apelada ante Casación y esta lleva tratándola varios meses; no están analizando un juicio oral y público, que necesita tiempo, sino si habrá o no juicio. Solo eso. La sala está integrada por dos jueces serios e independientes, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, pero deberían caminar con pasos más rápidos. Y la Corte Suprema debería habilitar cuanto antes los recursos que necesitan los tribunales orales para poner en marcha varios juicios pendientes por decisiones de la administración de los Kirchner; pasaron siete años desde que se fue de la presidencia el último Kirchner y no se avanzó lo suficiente en la resolución de esas causas. El lawfare parece que se practica al revés; es para beneficiar a la familia Kirchner, no para condenarla apresuradamente por su supuesto liderazgo nacional y popular, como denuncian.

La última y desesperada defensa de Cristina Kirchner consiste en denunciar que quieren proscribirla como candidata presidencial en las elecciones del próximo año. Sería una proscripción preventiva, porque ella nunca dijo que será candidata presidencial. Peor: no puede serlo, según las encuestas de ahora, salvo que aspire a una derrota memorable. Será seguramente candidata a senadora nacional por Buenos Aires o por Santa Cruz; los fueros son ya, para ella, una necesidad existencial. El fiscal Luciani, que mostró en imágenes y sonido a una Justicia independiente y decidida, es un profesional de bajo perfil. Ni él se imaginó nunca que sus palabras podrían cambiar la política de los últimos casi 20 años. No es solo Luciani; es su histórico alegato sumado a la impotencia de los Kirchner, a su impericia, su declinación y su finitud.ß