Por Dolores Olveira - La Aduana investiga a 500 empresas que lograron importar productos tras presentarse a la Justicia y obtener una medida cautelar que obligó al Gobierno a liberar la mercadería al dólar oficial, y las amenaza con prohibirles importar en adelante, lo que obligaría a cerrar a muchas.

Para investigar, la Aduana obligará a esas empresas a justificar qué hicieron con la mercadería por la que invocaron urgencia para importar con aval judicial.

Además, el organismo ya advirtió que aplicará la sanción de eliminación del registro de agentes del comercio exterior para que puedan seguir operando a los importadores a los que considere en falta, lo que obligaría al cierre de muchas de esas compañías.

Los importadores que serán notificados y sancionados

Concretamente, las que están en la mira y a las que la Aduana enviará intimaciones en los próximos días son 500 empresas que importaron mercadería al dólar oficial a través de medidas cautelares judiciales.

Según un comunicado de la Aduana, la acción del organismo se da luego de realizar una fiscalización sistémica con el objetivo de detectar inconsistencias.

A los importadores se les requerirá documentación relativa a la operación comercial, las transferencias de titularidad realizadas, el detalle de giros de divisas y el destino dado a la mercadería, entre otras cosas.

Qué información deberán presentar a la Aduana

Los importadores deberán presentar documentación relativa a la operación comercial, transferencias de titularidad realizadas, detalle de giros de divisas y destino dado a la mercadería.

También tendrán que explicar si el producto se encuentra en stock o si fue vendido; en este último caso, informar el valor de venta en mercado interno y el nivel comercial de los intervinientes.

Cuáles son las sanciones que puede aplicar la Aduana

La notificación da un plazo de 10 días para responder con toda la información solicitada.

A las empresas que reciban la notificación y no la respondan en ese plazo, la Aduana podrá sancionarlas con apercibimientos, suspensión de hasta dos años y eliminación por completo del registro de importadores y exportadores.

La Dirección General de Aduanas, que encabeza Guillermo Michel, impondrá medidas de control específicas en las empresas que se detecten inconsistencias o incongruencias en la información proporcionada, según se informó.

El antecedente de esta medida de la Aduana

La Aduana descubrió hace unos días una maniobra de "alquiler de cautelares" que incluso mereció declaraciones de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La maniobra habría consistido en que una empresa obtuvo una medida judicial para poder importar sin SIMI y, luego, "alquiló" esa cautelar a otra firma importadora que no tenía una SIMI aprobada para poder ingresar mercadería (carteras fabricadas en China) y conseguir los dólares del BCRA.

La Dirección General de Aduanas afirmó que habría descubierto que la firma Yoko SA obtuvo autorizaciones judiciales, vía medidas cautelares, para importar mercadería salteándose el requisito de validar la SIMI, pero luego "cedió" la autorización a otra firma, Tropea SA.

Así, Tropea, que es una empresa dedicada a la importación y venta de marroquinería con marca propia, habría podido aprovechar la medida judicial para importar carteras fabricadas en China sin SIMI aprobada, según un comunicado oficial.

La denuncia del alquiler de cautelares a la Justicia

La Aduana denunció, en un escrito presentado el pasado viernes, que Yoko SA no habría utilizado la "cautelar" en los términos que la obtuvo, sino que "transfirió" la tutela jurisdiccional que da la medida judicial en beneficio de Tropea SA.

Para esto, la Aduana expuso ante la Justicia una supuesta simulación de Yoko SA mediante un contrato de autorización para comercializar la marca "Tropea" sólo por un mes, entre el 21 de junio y el 21 de julio de 2022, que es justo el momento en el que la mercadería debía ser nacionalizada con la SIMI preautorizada de Yoko.