Por Fernando Gutiérrez - Fue la crónica de una medida anunciada: el anuncio de mayores restricciones para el acceso de dólares por parte de las empresas importadoras fue uno de los más adelantados de la historia económica reciente, tras el impactante aumento de las importaciones registrado en mayo, con un récord de u$s7.870 millones.

Sin embargo, eso no significa que se hayan despejado los temores respecto del "festival de importaciones" sobre el que llamó la atención Cristina Kirchner y cuya resolución fue catalogada como asunto prioritario por el nuevo ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli.

Ocurre que, además del consabido problema del encarecimiento de la energía -cuyas importaciones suben a un ritmo de 226% interanual y ya representa un 20% del total de las compras del país-, persiste otro problema de difícil solución: el retraso cambiario.

En lo que va del año, la inflación ya acumula más de un 35% -si, como prevén los economistas, junio vuelve a marcar una inflación en torno al 5%- mientras que la tasa devaluatoria lleva apenas un 20,3%.

En otras palabras, se generó en casi seis meses una inflación en dólares del 12,8%. Incluso si se le resta a esa cifra la inflación de Estados Unidos -un 4,8% acumulado hasta mayo-, la cifra sigue siendo impresionante. Sobre todo, si se tiene en cuenta que Argentina ya había registrado una inflación de 26% en dólares a lo largo del 2021, una situación que llevó al Fondo Monetario Internacional a poner, como exigencia de política económica, el objetivo de mantener una tasa devaluatoria en línea con la inflación para este año.

Y, como está quedando en evidencia, es una de las metas que el Gobierno no está dispuesto a cumplir en este momento, por el temor a que una devaluación a mayor velocidad genere un efecto de "contagio" sobre los precios.

¿Alcanza el recorte?

Para la mayoría de los economistas, este clásico se encuentra en la misma raíz del crecimiento desmesurado de las importaciones. Es un fenómeno típico de los momentos de alta inflación, dado que los gobiernos tienden a recurrir al tipo de cambio como "ancla" de los precios, lo que hace que las importaciones se tornen más baratas -al tiempo que las exportaciones pierden rentabilidad-.

Si al atraso cambiario se le agrega, además, el cepo al acceso de las divisas, suele darse deteriorarse rápidamente el saldo de la balanza comercial, tanto en términos reales como en los papeles: se incrementa la tentación de la sobrefacturación de importaciones, así como la subfacturación de importaciones.

Las recientes medidas, que fuerzan a las empresas a recurrir al financiamiento propio y menos a las reservas del Banco Central, apuntan a un recorte de importaciones que el propio Miguel Pesce estimó en alrededor de u$s1.000 millones mensual.

Pero el propio funcionario dejó entrever su pesimismo por la coyuntura complicada: ya adelantó que en junio habrá importaciones por más de u$s8.000 millones -es decir, superará al récord histórico de junio- y que el rubro de combustibles se llevará nada menos que un 25% del total.

La realidad es que Pesce se quedó algo corto en su cálculo: con recortar u$s1.000 millones no será suficiente para que el Gobierno logre un superávit robusto de la balanza comercial, que le deje al menos u$s10.000 millones en el año. Suponiendo que Pesce haya hecho su cálculo tomando como referencia el último dato, correspondiente a mayo, el objetivo oficial supondría que, en promedio, habría importaciones por unos u$s6.800 millones mensuales hasta fin de año.

Eso implica que el segundo semestre tendría importaciones por más de u$s40.000 millones. Si se le suman los u$s32.700 millones ya comprados hasta mayo, más los u$s8.000 que se prevén para junio, entonces la cuenta de que el año terminaría con unos u$s81.000 millones.

Aun con el recorte, el volumen importador sigue siendo un número demasiado alto para la situación actual de la economía argentina, incluso si se toman los pronósticos más optimistas en cuanto a las exportaciones, que podría terminar el año con u$s87.000 millones, según la última revisión de la Bolsa de Comercio de Rosario, que prevé que el campo hará un aporte de no menos de u$s41.000 millones.

También existe la posibilidad de que Pesce esté pensando en que el recorte importador sea mayor a partir de octubre, el mes que el funcionario señaló como el del inicio de la moderación en las compras de energía.

Lo cierto es que el recorte se le hace difícil a los funcionarios: contrariamente a lo que se había apuntado desde el kirchnerismo, los números no muestran un exceso en el ingreso de bienes de consumo que puedan competir con la industria local: son apenas un 9% del total, y su crecimiento interanual es relativamente moderado, a un 23%.

Por el contrario, los bienes de capital crecen a una velocidad de 40% y representan un 13% del total, mientras las compras de piezas y accesorios crecen a un 37% y son un 18% del total importado. Se trata de rubros íntimamente ligados a la producción industrial, cuyo recorte pondría a la economía en peligro de frenar su recuperación.

Dólar nervioso y escepticismo en el mercado

Martín Guzmán justificó la adopción de las medidas restrictivas al comercio exterior, con el argumento de que se trata de una situación extraordinaria. "Hace seis meses no tenías u$s4.650 millones de importación de energía; hoy sí", dijo en declaraciones radiales.

Pero el ministro de Economía a también dejó en evidencia cierta incomodidad con la toma de las nuevas medidas, en el sentido de que puedan incrementar la presión sobre el dólar. "Cuando hay control de cambios, hay brecha cambiaria y, en ese caso, es muy importante la administración del comercio exterior".

El problema para Guzmán es que en el mercado creen que las nuevas medidas "de administración" podría hacer que la brecha cambiaria se acentuara más. En los últimos días el dólar "contado con liquidación" experimentó una espectacular suba, que lo llevó a un nivel de brecha del 94%, desde el nivel de 78% en el que se ubicaba hace dos semanas.

Y ni bien se conocieron las medidas de freno a la importación, ya en el mercado se empezaron a escuchar comentarios escépticos sobre las consecuencias. Por ejemplo, el economista Marcos Buscaglia, ex economista jefe de Bank of America Merrill Lynch, pronosticó que se generará una aceleración en la compra del dólar "contado con liqui" por parte de las empresas a las que se les dificulte el acceso a las divisas. Peor aun, dijo que una posible consecuencia será "mandar más pymes a la quiebra o perder mercados internacionales".

Por su parte, el consultor en comercio internacional Marcelo Elizondo advirtió sobre un posible daño colateral a las exportaciones, dado que, en promedio, todo producto exportado necesitó previamente importar por un monto equivalente al 25% del valor.

También hubo advertencias ligadas a la inflación: en algunos rubros, un cierre importador puede traer el efecto de empujar los precios. De hecho, fue una de las advertencias que en las últimas semanas hizo Luciano Galfione, nuevo presidente de la gremial textil ProTejer, que después de haber liderado los rubros de mayor aumento en el IPC dijo que el mercado estaba sufriendo por dificultades para incrementar la oferta.

El BCRA aprovecha para comprar

Pero, por lo pronto, el Gobierno busca enviar una señal política fuerte en el sentido de que mantendrá su foco en el cuidado de los dólares. El mismo día en que se conocieron las nuevas restricciones a la importación, el Banco Central pudo volver a comprar, por un monto de u$s250 millones, una cifra llamativamente alta para una sola jornada.

Así, prácticamente compensa el balance negativo de las últimas cuatro semanas, cuando había tenido que desprenderse de reservas por u$s266 millones.

El quiebre de tendencia que llevó al BCRA a volver a comprar fue, naturalmente, el impacto de la nueva regulación del comercio exterior, que prácticamente paralizó todas las operaciones de financiación de importaciones del mercado, mientras el sistema financiero se adapta a las nuevas normativas.

De manera que con el correr de los días quedará en claro si esta compra de divisas obedeció a una situación excepcional o si, efectivamente, se pudo haber ingresado en una nueva fase en la que el Central pueda incrementar su nivel de reservas.

Las dificultades quedaron en evidencia en la última revisión que hizo el FMI sobre las cuentas nacionales, cuando flexibilizó algunas de las metas, para evitar que se incurriera en un incumplimiento por parte de Argentina.

Es así que la se amplió hasta $874.400 millones -sobre una meta previa de $566.800 millones- el rojo fiscal del primer semestre, mientras que la asistencia monetaria del Banco Central quedó establecida en $475.800 millones -desde un objetivo previo de $438.500.

Pero, lo más llamativo, en un momento de liquidaciones récord de divisas por parte del campo -que están en un nivel de u$s3.500 millones mensuales-, el FMI bajó su exigencia de acumulación de reservas, que originalmente se había fijado en u$s4.100 millones para el semestre y ahora se estableció en u$s3.450 millones.

Aun así, los economistas se muestran escépticos respecto de que se pueda cumplir con la meta de reservas, incluso después de la flexibilización. Un informe de Eco Go destacó que, al mes de mayo, el BCRA estaba u$s2.500 millones debajo del nivel comprometido, y la situación se agravó en junio en un monto de u$s600 millones.

Para el Gobierno, la situación es clara: en un contexto de desplome de los bonos -tanto los nominados en dólares como en pesos- y de suba del riesgo país hasta el entorno de 2.300 puntos, su prioridad de política económica es mostrar determinación en el cuidado de las reservas.

Las nuevas restricciones a la importación van en ese sentido, por más que el nivel de inflación en dólares permanece como el principal argumento para desafiar la capacidad de cumplir con las metas fijadas.