Por Carlos Keller - De acuerdo con estimaciones privadas, unas 1.000 empresas tuvieron que recurrir, sobre todo en el primer trimestre, a los jueces para lograr importar sorteando las barreras que les imponía el Banco Central.

Si bien el organismo en ningún momento llegó a tomar una medida extrema que dijera expresamente que estaba prohibido hacer compras al exterior, las medidas que fue adoptando, sobre todo con los productos que requerían de autorización de Licencias No Automáticas (LNA), en cuanto a los plazos para pagar al exterior cada compra, hacían inviable que se pudiera llevar a cabo una operación en los términos normales.

Basados en esos datos, los importadores salieron a cuestionar lo que se denomina Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI). Si el BCRA prohibiera importar, eso sería fácilmente cuestionable ante un tribunal. Entonces, la autoridad trató de lanzar una normativa que generase una inviabilidad de hecho.

Las SIMI actúan del mismo modo que lo hacían las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) de la época del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno. Es una autorización previa y el BCRA luego fija condiciones para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios MULC).

Dólares para importaciones: por qué empresas fueron a la Justicia

Un par de juzgados de la Capital Federal fueron canalizando los reclamos de los importadores entre enero y marzo de este año, al punto que en ese momento se estimaba que un tercio de lo que compraba el país desde el exterior ingresaba bajo amparos judiciales. Es lo que denunció la vicepresidenta Cristina Kirchner como un "festival de importaciones", aunque se tratara, en realidad, de empresas que procuraban sostener una actividad.

Un empresario consultado por iProfesional explicó que aunque en muchos casos se trate de productos de consumo final, algo que desde cierta perspectiva puede estar asociado a la noción un cierto descontrol o desprotección, o simplemente, a productos que son prescindibles de consumir, las empresas importadoras suelen tener armadas redes de comercialización a lo largo del país asociadas a provisión de servicios. Una suspensión de la importación implica el cierre y el despido del personal que trabaja vinculado a esas redes.

Nuevas medidas del BCRA: términos "absurdos" para obtener dólares

Los plazos de 180 días desde la fecha de embarque que ahora el Banco Central impone para las importaciones de bienes con Licencias No Automáticas son, en términos de expertos del comercio exterior, "absurdos". No se condicen con los tiempos habituales. Desde el momento en el que un comprador argentino le hace un pedido a un proveedor en China, por ejemplo, puede demorar un mes hasta que la contraparte produce el bien que va a vender. Luego de ello, tiene que conseguir un barco que lo traiga a Buenos Aires, algo que le puede demandar otro mes de plazo, porque desde la pandemia se ha producido escasez de espacios en bodega y los buques priorizan las rutas en el hemisferio norte. Por ello, ese pedido tal vez tarda otros dos meses más en llegar.

En definitiva, en ese caso, el importador argentino le tendría que pedir a su proveedor que le financie su compra por más de medio año. Y nada indica que, pasado ese plazo, Argentina va a tener dólares para pagar esa deuda.

"Es un desconocimiento de cómo se maneja el comercio exterior. En este momento, con el riesgo país en el nivel en el que está, los pagos se hacen contra culata de camión. No solo no los van a financiar, sino que les van a decir que esperaban que les acortaran los plazos", explicó Miguel Ponce, titular del Centro de Estudios del Comercio Exterior del Siglo XXI. El experto planteó que "está claro que quieren cerrar el grifo y que ya no quieren que le sigan mojando la oreja". Para Ponce, el Gobierno está "inaugurando el ingreso a la estanflación".

¿Existe un "festival" de importaciones?

Ese supuesto "festival" se cortó para fines de abril, indicaron fuentes del sector, lo cual deja entrever que la aceleración de las compras que se viene registrando en el último mes no estaría asociada ahora a ese mecanismo judicial, sino a la reactivación económica, por un lado, y a que se están consumiendo unos u$s1.400 millones en importaciones de energía.

Era esperable que frente a semejante panorama, el Gobierno tratara de frenar, como anunció, un supuesto aluvión importador. Según señala Ponce, actualmente la Argentina está efectuando compras un 7% por debajo de lo que lo hizo entre 2012 y 2013, y está un 22% por debajo del nivel 2017. "No hay festival", opinó Ponce.

Según planteó recientemente el economista Sergio Chouza, titular de la consultora Sarandí, el Gobierno no tendría muchas más alternativas que aplicar un plan "torniquete" que actúe sólo respecto de una parte de las importaciones de bienes, imponiendo un límite de hecho. Por esa vía, señala que se podrían ahorrar unos u$s1.300 millones de dólares, una cifra que coincide con las estimaciones del Banco Central. IPROFESIONAL