Por Pablo Sieira - El proyecto de ley para fijar una nueva moratoria previsional avanza en el Senado y el kirchnerismo apuesta a aprobarlo la próxima semana en el recinto, mientras la oposición advierte sobre el impacto fiscal de la medida y remarca la falta de consulta con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para azuzar la interna del Frente de Todos.

La iniciativa propone un plan de pagos para que las personas en edad jubilatoria y pre jubilatoria que no tienen los 30 años de aportes puedan cancelar deuda previsional. Este martes obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Trabajo y Previsión Social que preside la oficialista Juliana di Tullio, lo que la dejó lista para su votación.

Según supo iProfesional, esa es la intención de los senadores más cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quienes impulsaron el proyecto en medio de su disputa con Guzmán y no lo consultaron sobre su viabilidad económica. La única conversación técnica fue con la Anses que encabeza la camporista Fernanda Raverta.

Por ello, la bancada de Juntos por el Cambio insistió con picardía durante el debate de comisión en que el proyecto fuera enviado también a la Comisión de Presupuesto y se convocara a Guzmán para hablar sobre el impacto fiscal de la medida. Di Tullio rechazó el pedido y deslizó que el tema no pasó por esa área por decisión exclusiva de Cristina Kirchner.

Moratoria previsional: la disputa entre Guzmán y Cristina detrás del proyecto

Los senadores del oficialismo señalaron que el costo fiscal de esta moratoria será de 0,02% del PBI en 2022 y 0,3% para 2023. En números, según explicó Di Tullio, el impacto será de $12.460 millones para lo que queda de este año y de $184.844 millones para el próximo.

"No sabemos si esto complica o no las metas que tiene el ministro Guzmán con el Fondo Monetario y cómo va a hacerle frente", subrayó la senadora de Juntos por el Cambio, Guadalupe Tagliaferri y agregó: "Por eso pedimos que el proyecto vaya a Presupuesto, saber cuánto impacta y que vengan los funcionarios nacionales".

La intención opositora de usar el impacto fiscal del proyecto para exponer una vez más las diferencias internas en el oficialismo por el manejo de la economía se notó cuando la vicepresidenta de la Comisión de Trabajo, Carmen Álvarez Rivero, insistió en que los $12.460 millones son "una cifra muy importante" por la que Guzmán tiene que acusar algún impacto".

La respuesta por parte del kirchnerismo la dio Di Tullio, quien no necesitó siquiera mencionar a Guzmán para esquivar el planteo y fue contundente al señalar que "la facultad de dar los giros (de cada proyecto a las comisiones) la tiene la presidenta del Senado y este es el único que tiene este proyecto, no va a ir a Presupuesto y Hacienda", sentenció.

De esta forma, la senadora defendió la decisión de Cristina Kirchner de enviar el proyecto solo a la Comisión de Trabajo y excluir del tema al ministro que más cuestiona. De hecho, remarcó que el cálculo sobre el impacto presupuestario corresponde a la Anses.

¿De qué se trata la nueva moratoria previsional?

El proyecto del Frente de Todos establece que las personas que estén por cumplir la edad jubilatoria (60 años las mujeres y 65 los hombres) entre 2022 y 2023 y no tengan los 30 años de aportes exigidos por la ley podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive.

Esto se podrá hacer con un pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los aportes necesarios, puedan anticiparse y empezar a pagar ellos los períodos faltantes.

Estas personas podrán pagar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, en coincidencia con lo que aportan los trabajadores y trabajadoras en actividad cuando se realizan sus aportes en tiempo y forma.

Con esta herramienta se podrán regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que las personas en cuestión hayan tenido residencia en el país.

Argumentos a favor y en contra

El oficialismo señala que lo que se propone "no es una moratoria es un programa de pagos", como explicó Di Tullio al defender la iniciativa junto a sus compañeros de bancada Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde.

Uno de los argumentos centrales de los senadores a favor del proyecto es que "el 22 de julio vence la moratoria previsional" vigente desde 2014, la cual fue prorrogada por la gestión de Mauricio Macri pero "solo para las mujeres", según subrayó Recalde. "A los varones se les otorgó la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) que es una opción más precaria", señaló.

Por su parte, Fernández Sagasti indicó que el plan de pagos que propone el proyecto tiene una duración de dos años, que pueden ser prorrogados por dos más" y remarcó que la estimación oficial es que unas 500 mil personas podrían adherir este año y otras 300 mil el año próximo.

La senadora kirchnerista remarcó que el proyecto apuesta a darle "sostenibilidad" al sistema previsional porque "van a entrar nuevos ingresos" a partir del plan de pagos.

Por su parte, en nombre de Juntos por el Cambio Tagliaferri consideró que "no es justo que quien no aportó ingrese a una jubilación" porque de esa manera el sistema "deja de ser sostenible, va a llegar un momento que no va a poder jubilarse nadie". En este sentido, agregó: "Si seguimos incorporando gente sigue siendo un parche, sigue siendo injusto y en dos años otra vez habrá que prorrogar la medida o hacer una nueva moratoria".

"No es cierto que no aportaron. Trabajaron y aportaron porque el 50% del sistema hoy se sostiene con aportes y el otro 50% con impuestos generales que pagaron todos", subrayó a su turno Recalde. En tanto, Di Tullio puso de relieve que no recibieron ninguna propuesta de modificación por parte de la oposición.