Por Joaquín Morales Solá - Hubo un tiempo en que la supuesta corrupción del oficialismo era un tema de la oposición o del trabajo periodístico. Resulta que ahora, en el internismo del internismo (Matías Kulfas dixit), son las distintas facciones del peronismo gobernante las que se embarran entre sí tirándose acusaciones de prácticas deshonestas. Es difícil encontrarle un sentido a esa guerra civil cuando la mitad del país carece de gasoil y el Banco Central se quedó sin dólares en los meses de mayor liquidación de divisas del campo.

Además, franjas importantes de la industria están a punto de detener su producción por falta de dólares para pagar la importación de insumos. Los argentinos podrían quedarse sin café para el desayuno dentro de poco tiempo, cuando ya se quedaron sin autos cero kilómetro. A ese nivel llegó la crisis de la economía nacional.

Dos conclusiones son posibles. Una: hay una extendida ineptitud en el Gobierno para resolver los problemas esenciales de la sociedad. La dirigencia que gobierna prefiere entretenerse con chicanas barriobajeras frente a los empresarios que reflexionan sobre la inflación. Podrían elegir un camino mejor: empezar a resolver la insoportable inflación. Cristina Kirchner fue ayer la que otra vez se escudó en la perpetua victimización y usó una respuesta irónica sobre la inflación de Federico Braun, un empresario de supermercados, en el marco de un acto de AEA, la entidad que agrupa a los principales empresarios del país. Cuando el periodista Ricardo Kirschbaum le preguntó a Braun qué hace su cadena de supermercados con la inflación, Braun respondió primero entre risas: “Remarcar los precios todos los días”. Después, contestó en serio. Era obvio que fue una broma de Braun. Pero también fue suficiente para que el kirchnerismo cayera sobre él como una jauría enfurecida y tomara en serio lo que fue a todas luces una ironía. No lo tomó en serio: lo usó en serio.

La segunda conclusión: Cristina Kirchner está desesperada por hacer un relato populista, ya que no puede hacer populismo. El populismo sin dólares es una fórmula incompatible. Su arma predilecta fue siempre disparar sobre los empresarios cuando sus funcionarios destartalan la economía. Ahora fue otra vez ella la que protagonizó el primer capítulo de esta telenovela; sucedió en Tecnópolis cuando acusó indirectamente al exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas por no obligar a la multinacional ítalo-argentina Techint para que hiciera en la Argentina la chapa que necesitan los caños del gasoducto Néstor Kirchner. Kulfas, a su vez, acusó a los funcionarios de La Cámpora a cargo de la empresa estatal Ieasa (Integración Energética Argentina SA) de haber hecho un pliego a la medida de Techint porque, sostuvo en un increíble off the record enviado a una cadena de periodistas, esas chapas las fabrica en el país la empresa Laminados Industriales. “¿Qué intereses tiene Kulfas en Laminados Industriales?”, se preguntó luego un empinado cristinista. Laminados Industriales desmintió después que fabricara esas chapas. La confusión dentro de la confusión. Kulfas no sabe ni siquiera manejar las cuestiones técnicas de la licitación. Habló en ese off the record de que los funcionarios camporistas exigían chapas de 33 milímetros cuando son necesarias chapas de solo 31 milímetros. No es ni de 33 ni de 31, sino de 12,7 milímetros el espesor de las chapas que se usan para los caños del gasoducto. Confundió milímetros con pulgadas. Puede variar la calidad del acero con la que se hacen los caños, según la presión prevista, pero no el tamaño.

Esa licitación fue convocada por el gobierno de Mauricio Macri, pero los pliegos fueron reemplazados luego por los funcionarios camporistas. La obra es una decisión compartida por oficialistas y opositores, pero es el oficialismo el que no se pone de acuerdo en cómo hacer la obra. Insólito. Se trata de un gasoducto fundamental para que el país deje de importar gas licuado (seriamente encarecido por la invasión de Rusia a Ucrania) y se provea del gas de Vaca Muerta. El gasoducto irá de Neuquén hasta Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires, donde se unirá con otros gasoductos para abastecer a gran parte del país. Son 570 kilómetros de gasoducto. La monumental obra debe estar terminada en un tiempo récord: cuando finalice el invierno de 2023. La urgencia en terminar la obra obligó a seis empresas chinas a abandonar la lucha por la adjudicación (y no les falta voracidad por la obra pública) ante la imposibilidad de cumplir con los plazos exigidos. Techint usó su relación con una empresa brasileña, de la que tiene el 20 por ciento de las acciones, pero no el control ni la administración, para comprarle dentro de esos plazos la chapa necesaria (de 12,7 milímetros, no de 31 ni de 33), que no se fabrica en el país, y hacer luego aquí los caños para el gasoducto. La vicepresidenta le exigió al Presidente que obligara a Techint a levantar una planta en el país para hacer ese tipo de chapa. Pero ¿qué derecho tiene el Gobierno para obligar a una empresa a instalar una planta industrial en el país cuando aquí no hay mercado para semejante inversión? ¿Por qué Cristina Kirchner no hizo ningún problema cuando durante su gobierno se le compró esa chapa a la misma empresa brasileña para hacer el gasoducto que atraviesa el estrecho de Magallanes? Tales incoherencias en la dirigencia gobernante explican un absurdo: la Argentina gasta miles de millones de dólares para importar gas licuado cuando tiene la segunda reserva mundial de gas no convencional en Vaca Muerta. Podría ser un exportador neto de gas licuado a un mundo que carece de gas.

La primera preocupación que expuso la vicepresidenta es que esas chapas costarán 200 millones de dólares, que irán a la empresa brasileña. El precio que la Argentina pagará este año por la importación de energía será de 13.000 millones de dólares. Le preocupan los 200 millones, pero no los 13.000 millones que se podrían ahorrar con el gas y el petróleo de Vaca Muerta. Las denuncias como consecuencia del internismo del internismo terminaron en el despacho del juez Daniel Rafecas y en el del fiscal Carlos Stornelli. Nunca la Justicia había intervenido hasta ahora luego de que el propio kirchnerismo jugara al tenis usando denuncias de corrupción en lugar de pelotas. La pregunta que corresponde hacer es si esas trifulcas entre las distintas variantes del kirchnerismo no terminarán también por paralizar la obra. otra deducción posible es que Cristina Kirchner no quiere dejarle ese gasoducto al próximo gobierno porque está convencida de que a ella y los suyos los aguarda la derrota en 2023. Según otras versiones, ella se propone parcelar la obra para que intervengan diez empresas. ¿Estaría la de Cristóbal López entre esas empresas? El kirchnerismo tiene una envidiable aptitud para impedir que se haga lo que el país necesita.

La falta de dólares es lo que explica, en alguna medida al menos, la escasez de gasoil que está afectando la producción agropecuaria de medio país. La Argentina siempre importó gasoil en invierno. El problema de este año es que su precio aumentó considerablemente en el mercado internacional (gracias al autócrata Putin, otra vez), que las tarifas no están actualizadas y que el precio del dólar está subvaluado. El Gobierno autorizó un aumento del 5 por ciento en las importaciones de gasoil, pero la cantidad bajó porque aumentó el precio. Nadie quiere importar a pérdida, entonces. El Presidente tiene un problema con el precio del dólar. La devaluación del peso significaría una mayor presión sobre la inflación, ya insufriblemente alta, y tal vez una retracción de la economía. Pero un dólar subvaluado constituye un aumento de la demanda, que enfrenta a su vez una caída de la oferta por la penuria de dólares. La industria argentina (y también el sector agropecuario) necesita de dólares para la compra de insumos. Los que fabrican café necesitan importar el grano de café, que no se produce en el país. Así es la matriz productiva argentina. ¿No les gusta? Tendrán que cambiarla. Mientras tanto, esas son las cartas con las que le tocó jugar al oficialismo. Encerrado en su propio laberinto, la administración de Alberto Fernández no puede explicar que en un año récord de exportaciones, con superávit en la balanza comercial y sin pagos importantes de la deuda pública (está en un período acordado de no pago con los acreedores privados y con el Fondo Monetario) el Banco Central se haya quedado sin dólares en los mejores meses de las liquidaciones de los exportadores agropecuarios. Los meses que vienen serán mucho más flojos en el nivel de ingresos de dólares. El Gobierno debería tener en cuenta la historia: la falta de dólares en la Argentina fue siempre un detonante de crisis políticas, sociales y económicas.

Llama la atención que en medio de semejantes tormentos políticos y sociales la principal oposición se haya dedicado a discutir (en otro internismo del internismo) sobre una figura que gobernó hace 100 años, Hipólito Yrigoyen. Todo comenzó con una alusión inoportuna e impolítica del expresidente Macri a Yrigoyen en un coloquio en Brasil. Yrigoyen (que tuvo sus claroscuros) es un ícono del radicalismo, que los radicales veneran ciegamente. La alusión de Macri (dijo que con Yrigoyen había comenzado el populismo en la Argentina) fue duramente refutada por el presidente del radicalismo, Gerardo Morales. Morales pudo haberlo llamado primero a Macri y seguramente este le hubiera pedido disculpas. Macri está sinceramente arrepentido de lo que dijo o de haberlo dicho. También es cierto que nadie de Pro salió a responderle a Morales cuando el gobernador de Jujuy atacó públicamente al “gobierno de los CEo”, en clara referencia a la administración de Juntos por el Cambio que concluyó en 2019, o cuando dijo que nunca volvería a votar a Macri. Deberían reencontrar el sentido de las proporciones que perdieron.

Incomprensible disputa entre los opositores cuando en el oficialismo se armó otro episodio dentro su larga guerra civil, con consecuencias potencialmente catastróficas para la sociedad. Eso sucede cuando los políticos se dedican a hacer historia en lugar de hacer política.