Por Joaquín Morales Solá - En rigor, el único punto de desacuerdo entre ellos se finca ya solo en la continuidad –o no– del ministro de Economía, Martín Guzmán, discrepancia que tiene su explicación más en una disputa por el poder (o por la imagen del poder) que en cosas más serias. Los une también el objetivo común de terminar con la Justicia tal como es. Ese propósito tuvo en los últimos días un nuevo capítulo con la campaña mediática del kirchnerismo contra la causa de los cuadernos, que es la más perfecta biografía que se haya escrito de la corrupción en la Argentina de los Kirchner. Los ataques, respaldados en simples manipulaciones de la información, tuvieron, como siempre, dos destinatarios: el fiscal Carlos Stornelli, que llevó adelante la investigación judicial que puso a cerca de 150 personas influyentes de la política y el empresariado a las puertas de un juicio oral y público por corrupción, y al periodista Diego Cabot, que fue quien hizo la primera investigación periodística sobre los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

Las últimas informaciones indican que Alberto Fernández irá a Los Ángeles para participar de la Cumbre de las Américas, aunque esa eventual participación tuvo tantas marchas y contramarchas que es mejor esperar ver al Presidente en Estados Unidos –o no– para estar seguros de lo que hará. Debe señalarse que la posición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene, al menos, el mérito de la claridad. Dijo desde el principio que no iría a esa cumbre porque Washington no había invitado a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y después descartó de plano la participación de su gobierno en la contracumbre que estaba motorizando Alberto Fernández. López Obrador diferenció en el acto su decisión de no concurrir a Los Ángeles, por la disidencia sobre las dictaduras ausentes, y su rechazo a formar parte de un acto de provocación al gobierno de Joe Biden.

Entretanto, el gobierno argentino se mecía entre la participación y la no participación, entre la contracumbre y la renuncia a hacerla. Tales oscilaciones provocaron, incluso, que en Washington se comenzaran a recordar los recientes esfuerzos de la administración Biden para que el gobierno argentino pudiera firmar un acuerdo moderado y laxo con el Fondo Monetario. “No se le hace eso a un amigo que acaba de darte una mano”, dijo una fuente con acceso a importantes despachos de Washington. Las consecuencias podrían empeorar porque el Fondo, donde la Casa Blanca tiene una influencia decisiva, hará revisiones trimestrales del cumplimiento de su programa con la Argentina. Son los intereses nacionales argentinos los que están jugando en medio de tanta incertidumbre.

La última información señala que el presidente argentino irá a Los Ángeles después de que lo habilitó expresamente López Obrador. El remedo del “imperio astro-húngaro”, según la definición del analista de política exterior Héctor Schamis. Y de que el propio Nicolás Maduro le hiciera un guiño tuitero a Alberto Fernández para que se presente en Los Ángeles. Es probable, por lo tanto, que el presidente argentino vaya con las pilas cargadas para decir un discurso incendiario, como solía hacer Cristina Kirchner en esas cumbres. La actual vicepresidenta tenía un profundo rencor con Washington desde que Barack Obama se negó a recibirla en el despacho oval. Hubo reuniones entre ellos, pero fuera de Washington. Al revés, Alberto Fernández fue un político que cultivó obsesivamente la relación con el gobierno norteamericano, aun después de haber dejado la Jefatura de Gabinete del gobierno de Cristina. Además, ahora está Biden en la Casa Blanca, no Trump.

Biden es un presidente que desde el principio de su gestión señaló que los derechos humanos serían un eje fundamental en su política exterior. Es también el presidente norteamericano que ordenó una enorme emisión de dólares para hacer frente a la catástrofe de la pandemia, decisión que ahora está pagando con una inflación muy alta para los estándares de los países serios (los actos y las consecuencias son iguales en todas partes). Vale la pena recordar a Alberto Fernández para describir la relación de Alberto Fernández con Washington. En tiempos de Cristina Kirchner y Barack Obama, el actual presidente argentino decía: “Si Cristina se lleva mal con los Estados Unidos de Obama, es porque quiere llevarse mal con los Estados Unidos”. Solo hay que cambiar en esa frase los nombres de los presidentes argentino y norteamericano y colocar los de los actuales.

Mirada superficial

¿Qué dirá Alberto Fernández en su discurso en la cumbre? Seguramente protestará porque los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua no fueron invitados. Es decir, protestará porque dictaduras que violan sistemáticamente los derechos humanos no son tratadas de igual forma que las democracias respetuosas de los derechos humanos. El Presidente tiene una mirada peligrosamente superficial sobre esos conflictos. Confunde “bloqueos” con “embargos” (la diferencia entre aislar totalmente a un país o que otra nación simplemente decida no negociar con ese país) y nunca se refiere en sus discursos a los disidentes torturados o asesinados en esos países, a la eliminación lisa y llana de la libertad de expresión o a la persecución de la disidencia política. Es lo que hacía Cristina Kirchner en tiempos de Hugo Chávez (también con Maduro) y de Fidel y Raúl Castro. La decisión de Alberto Fernández de salir en abierta defensa de los regímenes dictatoriales de Cuba, Venezuela y Nicaragua termina con la cacofonía oficial de que los derechos humanos son una parte sustancial de su política exterior. Si el Presidente está dispuesto ahora a agradarle a Cristina Kirchner, podría encontrar otras razones y otras formas de diferenciarse de Washington. No hay, con todo, espacio para la esperanza: Alberto Fernández sufre el “síndrome de Estocolmo”, un enamoramiento súbito de quien lo castiga, una identificación absoluta con su secuestradora.

Retenciones y cuadernos

Sucede algo muy parecido en la relación del Presidente con el sector rural. Los vaivenes de Alberto Fernández llegaron al extremo de que muchos dirigentes agropecuarios confían ahora más en la palabra del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que en la del Presidente. En su peor momento ante la opinión pública (con solo el 22 por ciento de aprobación, según la última medición de Management & Fit), Alberto Fernández no deja de jugar con un aumento de las retenciones a las exportaciones del campo, el único sector de la economía que ingresa dólares genuinos al país. Le crean al Presidente o al ministro, lo cierto es que un grado tan elevado de desconfianza solo obtura cualquier proyecto de inversión del sector rural. La pelea con el campo es de Cristina desde la guerra perdidosa que le descerrajó en 2008, no de Alberto Fernández. Pero el Presidente parece haber hecho suya también la pelea y la guerra. Ayer repitió la misma transformación, cuando le exigió desde una tribuna en Cañuelas a la Justicia que golpee las puertas de los “ladrones de guantes blancos” y se refirió a decisiones políticas del gobierno de Macri. Macri era la obsesión de Cristina, no la de él. Ahora es también la suya.

Pero ¿qué Constitución (no la argentina, desde ya) faculta al Presidente a exigirle decisiones a la Justicia? ¿Por qué al Presidente, que se ufana de ser profesor en la Facultad de Derecho, le es imposible discernir entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial? ¿Por qué, en última instancia, no le da él mismo el valor que tiene a la palabra presidencial? La Justicia, que era la tara de Cristina, ahora es también la de Alberto Fernández. Una vasta operación mediática de los medios kirchneristas está manipulando gravemente una declaración del chofer Oscar Centeno, el escribidor de la crónica de los sobornos, ante la Justicia española. En España se abrió una causa contra la empresa Isolux, porque su gerente local declaró, en el marco de la causa de los cuadernos, que él pagó coimas por varios millones de dólares a la nomenklatura del kirchnerismo por orden de la casa matriz de la empresa, que es española. La Justicia española aclaró que solo persigue a los empresarios españoles, no a sus representantes en la Argentina, porque estos están siendo juzgados por la Justicia argentina. Centeno ratificó en esas declaraciones toda la operatoria de la corrupción: que llevaba a su jefe, Roberto Baratta, a la sede de las empresas (o a lugares frecuentados por funcionarios y representantes empresarios) y que luego veía bolsas y maletines con enormes cantidades de dólares. También dijo que no veía el momento en que se entregaba el dinero. Claro: era el chofer de Baratta, no Baratta. La campaña de desinformación señaló en el acto que Centeno se había rectificado; fue todo lo contrario. Centeno señaló también que quiere ver los cuadernos originales para comprobar que son los suyos.

Los cuadernos originales tienen su historia. En su primera declaración ante el fiscal Stornelli, Centeno le aseguró que los cuadernos se encontraban en su casa. El juez Claudio Bonadio ordenó el allanamiento de la casa de Centeno, que estaba detenido desde hacía dos días, para encontrar los cuadernos. Cuando llegaron a la casa de Centeno, la esposa de este le susurró algo al oído, que los funcionarios judiciales presentes no pudieron escuchar, y luego el chofer dijo que había quemado los cuadernos en una parrilla de su casa. Mucho después, los cuadernos originales le llegaron al periodista Diego Cabot a través de un conocido de Centeno.

Ahora bien, ¿la causa de los cuadernos está respaldada solo en esos cuadernos? No, en absoluto. Primero investigó el periodista Cabot y luego, cuando comprobó que lo que decían los cuadernos era verosímil, se presentó ante la Justicia. Debe ser el único periodista que, entre la Justicia y la primicia, eligió la Justicia. Después, el juez Bonadio y el fiscal Stornelli (ya secundado por otro fiscal, Carlos Rívolo) hicieron su propia investigación hasta que confirmaron la veracidad de lo que escribió el obsesivo chofer.

Varios meses después de la presentación de Cabot, Bonadio ordenó allanamientos y citaciones urgentes a indagatoria. Solo entonces Cabot publicó la información en la nacion. Hay más de 30 imputados colaboradores, es decir, personas (funcionarios o empresarios) mencionados en esos cuadernos que aceptaron contar todo. Y contaron todo. Fue especialmente grave la confesión que hizo el expresidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner, porque relató cómo era todo el sistema de la obra pública y los sobornos.

El juez y los fiscales hicieron luego el trabajo de comprobar que esas declaraciones fueran ciertas. Son ciertas. En síntesis, los cuadernos son los de Centeno (así lo aceptó él ante la Justicia argentina) y el monumental caudal de testimonios y pruebas es mucho más importante que los propios cuadernos. La estrategia de los imputados, sean exfuncionarios o empresarios, es que el juicio oral (instancia en que la causa está ahora) no se realice nunca. Ese tribunal oral camina con paso cansino, demasiado lento. El expediente fue enviado a juicio oral por el propio Bonadio, antes de que este falleciera por un cáncer fulminante, hace más de dos años. Alberto Fernández, ya reconciliado con Cristina Kirchner, hablaba de la “causa de las fotocopias”, nunca de la causa de los cuadernos. Era su manera de descalificar la investigación. Tampoco ahora le pide a la Justicia que llame a los que están seriamente comprometidos en esa causa. Los medios periodísticos que lo siguen se entretienen, en el mientras tanto, con la descalificación permanente de Stornelli y Cabot. Con los que lograron que se conozca cómo fue la verdadera corrupción en el país de los Kirchner.ß