Por Carlos Burgueño - El Gobierno confía. En horas culminará la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) correspondiente a la fiscalización comprometida por la firma del Facilidades Extendidas del 25 de marzo pasado y, si todo sale como se espera desde Buenos Aires (siguiendo guiños desde Washington), el país habrá cumplido la primera etapa de los controles. Esto es, lograr un aprobado para el primer trimestre del año en las metas pactadas con el organismo que maneja Kristalina Georgieva en los tres terrenos de examen: déficit fiscal, acumulación de reservas y política monetaria.

Según las últimas conversaciones virtuales mantenidas entre las partes, y luego de casi un mes de contactos, los técnicos del FMI que fiscalizaron las cuentas locales no habrían encontrado argumentos para no aprobar los porcentajes y números necesarios y comprometidos; con lo que habría recomendación de tilde verde de parte de Julie Kozack y Luis Cubeddu. La directora adjunta para el Hemisferio Occidental y el responsable del caso argentino están terminando las reuniones y el período de recolección de datos, para luego derivar toda la información a la oficina del director gerente para el Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn; el encargado de elaborar el paper definitivo de recomendación de aprobación (o no) ante el board. Como los datos del primer trimestre serían positivos, se especula con que el aval llegaría relativamente pronto.

Se reconoce en Buenos Aires que esta primera revisión es, en teoría, la más fácil de superar; el momento de recibir la aprobación será un espaldarazo a la gestión de Martín Guzmán para poder continuar con su estrategia fiscal, monetaria y cambiaria para el período abril-junio; el que, obviamente, presenta más complicaciones fiscales que el período evaluado. El 0,3% de déficit del primer trimestre se ubica en sintonía con el 2,5% comprometido para todo el 2022. Incluso puede hablarse de algún sobrecumplimiento, ya que se trata de un desequilibrio de unos $192.700 millones, cifra que se ubica por debajo de la meta de $222.300 millones del resultado comprometido. Sin embargo, saben ambas partes, a la cifra se llega con algunos movimientos contables polémicos; los que a los ojos de Guzmán y su equipo estarían en sintonía con lo negociado con el FMI y lo aprobado por el organismo en la reunión del board del 25 de marzo pasado.

Se trata de la contabilización como ingresos por unos $124.000 millones (casi la totalidad del desequilibrio) y mucho más que el sobrecumplimiento de $30.000 millones, que son parte de las colocaciones de deuda que realizó el Gobierno durante los primeros tres meses del año, explicados por la diferencia entre el lanzamiento de la deuda y el valor nominal de mercado (el famoso Valor Presente Neto) de la misma. Se trata de una especie de “rentas de propiedad” de los activos del sector público, cuyo valor se incrementó por los movimientos del mercado, y que según los analistas no deberían ser tomados como ingresos genuinos del Estado Nacional; salvo que se aclaren como no disponibles o por fuera de las metas fiscales. Para Economía todo es lícito y abierto al análisis, sin contabilidades ocultas. O, dicho de otro modo, lo que importa es que el FMI lo apruebe como válido.

También se considera aprobada la acumulación relativa de reservas del primer trimestre del año, donde la meta para el período fue de u$u1.200 millones acumulados; llegando a un nivel de u$s1.700 millones totales en el período. Desde el FMI se tuvo en cuenta que se trató de una etapa (enero-marzo) de salida de divisas, casi sin ingresos, ya que los fondos provenientes de los DEG del organismo llegaron al país contabilizados en abril, días después de haber cerrado el acuerdo el 25 de marzo. Con lo cual el dinero que tuvo que presentar en sociedad el BCRA ante los veedores del organismo, era el que el país pudo ahorrar durante el primer trimestre del año, a fuerza de restricciones de importaciones y cierto tiempismo en la liquidación de IVA a exportadores. Ahora la meta será lograr aprobar la del segundo trimestre, mucho más complicada que el lapso enero-marzo. Para esta oportunidad el Central deberá mostrar reservas netas por unos u$s4.100 millones, un número alto pero que, confía la entidad, podrá lograrse a partir de contabilizar (ahora sí), los DEG más el resultado positivo de las liquidaciones sojeras que en mayo vienen sosteniendo un ritmo bastante aceptable y que en lo que va del mes marcan un azul de algo más de u$s650 millones.

Resta definir el resultado de la política monetaria y la meta virtual cerrada con el FMI para el primer trimestre, el último capítulo en fiscalización; pero, suponen en Buenos Aires, sin problemas de cumplimiento. Lo pactado con el organismo era de un tope de giro al Tesoro Nacional desde el BCRA por unos $236.800 millones; cuando en el período controlado los envíos alcanzaron los 122.000 millones. El FMI es crítico en este capítulo porque exigía, en lo posible, un sobrecumplimiento aún mayor. Y dejaron en claro los veedores del Fondo que los datos del segundo trimestre del 2022 no vienen en sintonía con lo que sucedió en los primeros tres meses del año. Pero, desde Buenos Aires, se considera que esa será tarea de conversación para julio o agosto, cuando se concrete la próxima fiscalización. En lo referente al primer trimestre, los datos monetarios habrían sido positivos y de cumplimiento estricto.