Por Lucía Salinas - Con 103 homicidios vinculados al narcotráfico en lo que va del año, sicarios, amenazas y una grave situación que desborda la respuesta del Estado, Rosario es la sede de un encuentro histórico que este jueces reúne al Poder Judicial. Después de las palabras de los organizadores, integrantes de la Asociación de Jueces Federal (AJUFE), se escuchó en el auditorio de la Universidad local a Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y titular del Consejo de la Magistratura. Reclamó "decisión política" para combatir al narcotráfico y que se cubran los cargos vacantes de la justicia federal "eso es vocación política también".

En medio de la tensión del Gobierno con el Poder Judicial, la fotografía inaugural mostró a todos los ministros de la Corte Suprema junto a 122 jueces federales, y al Procurador General, Eduardo Casal. Bajo el lema “El juzgamiento del narcotráfico”, todos se reunieron en Rosario, una ciudad asediada por crimen organizado, para reclamar políticas de Estado para combatir al narco.

Después de las palabras inaugurales de los representantes de AJUFE, entre ellos el juez Ariel Lijo, el presidente de la Corte habló ante más de cien magistrados y funcionarios judiciales de todo el país, que coincidieron en plantear que el de este jueves es un evento sin precedente y un mensaje de unidad de todo el Poder Judicial ante una crítica constante por parte del Gobierno.

El discurso de Rosatti duró cerca de veinte minutos, con un fuerte eje en la unidad de la Justicia y un reclamo hacia del Poder Ejecutivo: "Para enfrentar al narcotráfico con eficacia hay que hablar de la necesaria decisión política para enfrentarlo, de la existencia de un Estado cohesionado con recursos inteligentemente utilizados y una sociedad comprometida", remarcó.

Luego, agregó: "Reclamamos también la cobertura de las vacantes existentes con los magistrados más idóneos y comprometidos con los valores democráticos y con la defensa de la sociedad frente a las distintas manifestaciones del crimen organizado. No se puede proclamar que se quiere combatir la delincuencia y demorar la designación de jueces".

El destinatario del mensaje, era claro. Como contó Clarín días atrás, entre el Gobierno nacional que conduce Alberto Fernández y el Senado que maneja Cristina Kirchner, bloquean el nombramiento de casi cien jueces ya seleccionados. Aquí se incluyen vacantes clave en zonas copadas por el narcotráfico.

Rosario y Santa Fe cuentan con un 36% de sus cargos federales sin cubrir. La mitad de esos concursos concluyeron y se encuentran a disposición del Poder Ejecutivo nacional a la espera de que remita los pliegos al Senado. "Eso también es vocación política. Nos piden que luchemos contra el narcotráfico, pero no avanzan en la cobertura de los cargos", señaló Rosatti.

Buscando correrse de la lectura política del encuentro, el presidente del máximo tribunal señaló: "Quienes hoy vinimos a Rosario, invitados por los organizadores, no lo hicimos para sacarnos una foto. Vinimos a expresar, de cuerpo presente, nuestro compromiso con la sociedad en este tema tan delicado. No debe ser visto este acto como una manifestación corporativa o auto-referencial; no estamos aquí para decir que todas las culpas son de los otros".

En relación a ese lineamiento, se refirió a la presidencia del Consejo de la Magistratura, que tiene a su cargo. "Reivindicamos, eso sí, todo lo que deba ser reivindicado desde la actuación de nuestros jueces y asumimos el compromiso, desde el Consejo de la Magistratura, órgano que no solo selecciona y analiza la conducta de los jueces sino que los capacita,de continuar enfocados en esta problemática". Sus palabras fueron escuchadas por los consejeros Diego Molea, Graciela Camaño, Jimena de la Torre y Pablo Tonelli, que se encontraban en la tercera fila del auditorio.

La mención de Rosatti a su cargo como titular de la Magistratura también tiene lectura política. El kirchnerismo, con la vicepresidenta a la cabeza, buscó hasta último momento evitar su llegada a ese cargo. E incluso llegó a aprobar en el Senado un proyecto que lo desplaza, aunque el plan tiene destino incierto en Diputados.

El titular de la Corte también habló "en la representación institucional de un tribunal que constituye la última instancia de los órdenes federal y locales por igual", recordando que también está a cargo de la Corte, que el mismo kirchnerismo quiere modificar/ampliar para ganar peso con jueces aliados.

Dentro de los reclamos al Poder Ejecutivo, se incluyó al Servicio Penitenciario Federal, a cargo de María Laura Garrigós, fundadora de la agrupación K Justicia Legítima.

"Venimos a decir que haremos los mejores esfuerzos para cumplir las expectativas de la gente común. Son expectativas tan elementales como certeras y constituyen mojones imprescindibles para ayudar a marcar el camino del juzgamiento: por ejemplo, que la cárcel no debe controlar a la calle, para lo cual es necesario contar con las herramientas de información necesarias, como ocurre en todos los países interesados en combatir este flagelo", sostuvo de forma enfática.

Clarín contó cómo los narcos y delincuentes siguen operando desde las cárceles, según denunció la fiscalía especializada en este tema, la PROCUNAR a cargo del fiscal federal Diego Iglesias. Ese informe expuso la falta de controles dentro de los penitenciarios federales y cómo eso posibilita que el crimen organizado continúe creciendo desde el interior de las cárceles. Ese reclamo que se formalizó en octubre de 2021 no tuvo ninguna respuesta por parte del Ministerio de Justicia.

El mismo planteo fue respaldado por Ricardo Lorenzetti en el discurso que pronunció en el auditorio. Se refirió a un Servicio Penitenciario que, tal cual está planteado "no sirve, no funciona", porque los criminales continúan "teniendo poder desde su lugar de detención".