La aplicación de derechos de exportación a los productos agropecuarios y derivados industriales ya es un clásico de la política económica de los gobiernos argentinos, independientemente del partido al que le toque llevar las riendas del país. Con 20 años consecutivos de vigencia, el monto recaudado por las diferentes administraciones que se dieron desde 2002 a la fecha casi duplica a la deuda que el país tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero no se vio reflejado en una mejora de magnitud en la infraestructura productiva.

Así lo refleja un informe del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI (CEEA XXI). El trabajo en cuestión señaló que desde que el presidente Eduardo Duhalde reinstauró las retenciones en febrero de 2002 hasta el cierre de 2021, la recaudación en concepto de derechos de exportación al complejo agroindustrial alcanzó los USD 76.000 millones de dólares. O sea, más allá de los diferentes esquemas que se aplicaron durante los gobiernos que se fueron sucediendo, el agro aportó USD 11 millones, al mismo tiempo que el monto cobrado se incrementó 975% respecto al primer año de su restablecimiento.

No obstante, esta abultada recaudación que quedó en manos del Estado nacional no necesariamente se tradujo en una mejora en la infraestructura productiva o de servicios. Para darle magnitud a lo que significa este monto, el informe presentó como ejemplo que con solo el 58,5% de lo recaudado, es decir unos USD 44.500 millones equivalen a precios actuales a la construcción de una central de energía nuclear; 3.000 kilómetros de rutas; 5 líneas de subte D; un tren de alta velocidad entre Buenos Aires y Córdoba; 300 escuelas técnicas; 24 hospitales de alta complejidad; 200.000 viviendas; y el fortalecimiento de las fuerzas armadas.

Los economistas autores de este trabajo, Ignacio Zorzoli y Jeremías Morlandi, señalaron que las retenciones “nunca deberían haberse cobrado” al sostener que son “inmorales” y que “atentan contra la producción, la mejora tecnológica y la inversión”. Además, destacaron, que lo que se busca dimensionar con este informe es lo que “se podría haber hecho con ese dinero, dado que es muy simple darse cuenta de que no se ha hecho nada para mejorar productivamente a este país”.

Evolución de las retenciones.

Para darle fuerza a su argumento, los economistas tomaron como ejemplo el Índice de desempeño logístico del Banco Mundial, que mide la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte. De acuerdo con este índice, los valores extremos son 1, que significa una calidad baja, y 5, una calidad alta. Así, para su análisis, tomaron en cuenta, aparte de Argentina, a Brasil y Chile, para poder contrastar los avances y retrocesos de cada uno.

“En 2007, Argentina, que ya llevaba recaudado casi USD 11.000 millones en concepto de retenciones, parte con un valor de 2,81. Este valor está por encima del de Brasil, que es 2,75; pero por debajo de Chile, con 3,06. En 2018, último valor de la serie, cuando Argentina ya tenía acumulada una recaudación de USD 58.500 millones, era de 2,77. A la Argentina la sigue superando Chile, con 3,21, mejorando su primer valor; pero ahora también la supera Brasil, con un índice de 2,93. No sólo no avanzamos en calidad de infraestructura, sino que retrocedimos”, detallaron los especialistas.

Actualidad e “ilegalidad”

Como se dijo con anterioridad, las retenciones son uno de los ingresos fiscales más importantes para las arcas del Estado, con una participación sumamente mayoritaria por parte del agro en lo que se refiere a la recaudación de este concepto. De hecho, según un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), durante 2021, AFIP recaudó un total de USD 10.128 millones en retenciones, de los cuales el 98% lo explican las cadenas agroindustriales, lo que equivale a USD 9.924 millones.

Ese monto aportado sería superado este año, gracias a la suba de los precios internacionales de los commodities agrícolas. En este sentido, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyectó que durante 2022 el sector agropecuario y agroindustrial pagarán en concepto de derechos de exportación un total de USD 10.968 millones, casi USD 1.000 millones más que lo registrado el año pasado.

Por su parte, la Sociedad Rural Argentina (SRA) en conjunto con la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM) realizaron una presentación judicial conjunta a finales de enero para pedir que se declare la inconstitucionalidad e ilegitimidad del cobro de derechos de exportación, ya que las entidades del campo consideran que las actuales retenciones debieran ser del 0%, ya que el 31 de diciembre pasado venció la facultad que tenía el Poder Ejecutivo, mediante la Ley de Solidaridad Social, de modificar el esquema de retenciones a las exportaciones del agro.

Ante tal pedido, el juez federal Ricardo Bustos Fierro decidió admitir en los últimos días la acción de amparo elevada al Poder Judicial y por tal motivo analizará el caso. En el amparo, las entidad sostienen que “los derechos de exportación impactan de modo directo e inmediato en el valor de los productos agropecuarios debido a que, mientras la AFIP exija el pago de los derechos de exportación para emitir los permisos de embarque de cereal a los exportadores, esos tributos se verán reflejados en el precio del cereal que cobrarán los productores, quienes sufren económicamente el perjuicio”.