La semana próxima habrá tres audiencias —los días 10, 11 y 12 de mayo— para determinar los aumentos en las tarifas de luz, gas y una segmentación de subsidios, que prevé que el 10% de los usuarios de más poder adquisitivos pasen a pagar la tarifa plena. Quedarán sin subsidios usuarios con ingresos de más de 3,5 canastas básicas totales (unos $314.000 con los datos de marzo), que tengan tres o más inmuebles, tres o más vehículos de menos de 5 años de antigüedad o propietarios embarcaciones o aeronaves.

Para el resto de los usuarios, se prevén aumentos promedio del 17% para la electricidad (para los usuarios del AMBA) de 21,5% en el caso del gas a partir de junio. Si se toma en cuenta que ya hubo aumentos en los dos servicios en marzo, se llega a un promedio de aumento en el año de 42,7%, en línea con lo acordado con el FMI. En la negociación se estableció que los aumentos no pueden ser superiores al 80% de la variación de salarios (CVS) del año pasado, que fue de 53,4%.

Un sector del Gobierno se manifestó en contra de la política tarifaria

Para los usuarios de menores ingresos, que cuentan tarifa social, el aumento estimado no puede superar el 40% de la variación salarial del año pasado. Por eso, estarán en el orden del 21,3% en todo el año. Con los aumentos ya aplicados, será de 6% para las tarifas de electricidad (siempre del AMBA) y no habrá nuevos aumentos en tarifa de gas.

Con todo, un sector del Gobierno cuestionó este plan oficial, elaborado bajo la órbita del Ministerio de Economía. El acuerdo con el FMI, estableció como objetivo que el déficit del gasto primario para el 2022 debe ser del 2,5% del PBI. “Esta propuesta es incompatible e inconsistente con las propuestas de quita de subsidios al sector energético”, detalla el documento interno.

Según el informe, en 2021, el déficit fiscal primario fue del 3%1 del PBI. Los subsidios a la energía representaron el 2,3% del PBI. La propuesta consiste en reducirlos un 0,6% para el 2022. Esto implica que deben representar el 1,7% del PBI, lo cual es incompatible con el escenario de aumento de precios internacionales de la energía y con las propuestas de reducción de subsidios acordados.

Uno de los aspectos criticados por un sector del Gobierno es que los aumentos proyectados en las facturas eléctricas —de 42,7% para usuarios del segmento medio y de 21,3% para usuarios con tarifa social— redundarán en un “menor poder adquisitivo del salario”.

La factura final que reciben los usuarios está compuesta por el precio de la energía, los costos del transporte y la distribución y los impuestos

También advierten que los precios de la energía para el invierno se incrementan sensiblemente como consecuencia de la menor disponibilidad de gas local para generación de energía que debe satisfacer a la demanda prioritaria. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022, hay una extrema volatilidad de los precios de los combustibles.

Para este año, por ejemplo, se estimó un incremento de los costos de generación del 38%. “Dicho aumento es explicado principalmente por el rubro combustibles, el cual podría llegar a aumentar más de 79% como consecuencia de la variación de los precios internacionales”, destacaron.

Una consecuencia de esta suba es el impacto que tendrá en la industria, ya que la quita total de los subsidios a las empresas que son Grandes Usuarios en Distribución (GUDIs) y Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en el período que va de mayo a octubre. El informe cuestiona que se trata de una “ausencia de planificación para el sector” que no permiten morigerar el impacto.

Este año, a través de una resolución, se incrementó el precio estacional GUDI en un 76% para en un 76% para el período de mayo a junio y 45% para el período julio a agosto. El impacto de estos aumentos es del orden del 65% en facturas para el primer trimestre y del 38% para el segundo trimestre para usuarios de esta categoría, que son las empresas. “El mecanismo de ajuste propuesto ejercerá una considerable presión sobre el resto de los precios de la economía”, dijeron.

Quedarán sin subsidios usuarios con ingresos de más de $314.000

El informe criticó que con los aumentos autorizados durante este año, tanto para usuarios residenciales —un 20% que se aplicó en marzo— como para los grandes usuarios que compran directamente a las distribuidoras o al mercado eléctrico mayorista no se tuvo en cuenta que el aumento para el servicio de distribución no coincida con el aumento en los precios de la energía.

La factura final que reciben los usuarios está compuesta por el precio de la energía, los costos del transporte y la distribución y los impuestos. Al aumentar simultáneamente dos componentes de la factura, no se mantuvo una “razonabilidad” en los aumentos en un contexto de recuperación económica, según el informe.

“El año 2020 fue atípico por la irrupción de la pandemia y el gobierno impulsó una batería de medidas para proteger a los argentinos en materia sanitaria y económica. En lo que respecta al Mercado Eléctrico Mayorista, las distribuidoras de energía comenzaron un proceso de endeudamiento con CAMMESA. En el año 2021 se emprendió una política de regularización de deuda, donde las distribuidoras fueron aumentado las tarifas de distribución para hacer frente a los compromisos asumidos”, recordó el documento.

“Sin embargo, para mantener la razonabilidad de la factura en un contexto de recuperación económica, fue fundamental que el aumento de las tarifas de distribución no sea simultáneo con el aumento del precio de la energía. Por ello, antes de reducir los subsidios, el Estado Nacional decidió adoptar una política de mantenimiento del precio estacional en pos de que las distribuidores recuperen el margen necesario para operar”, criticaron.

Según la visión de este sector del Gobierno, esta política de mantenimiento del precio estacional de la energía otorgó la posibilidad a las provincias de adecuar el margen de distribución de sus concesionarias, morigerando el impacto que podría tener un doble incremento sobre las facturas en un contexto de demanda eléctrica creciente, principalmente del sector industrial.

El texto concluye que la política tarifaria que se está llevando a cabo no permite establecer un sendero para el sector industrial que permita morigerar los impactos de la suba extraordinaria del precio de la energía con las consecuencias para la economía. Y tampoco resuelve la cadena de pagos: “el aumento del precio estacional anula la posibilidad de realizar nuevos aumentos sobre el margen de distribución de todas las jurisdicciones, lo que redundará en un resquebrajamiento de la cadena de pagos del sistema eléctrico mayorista”.