Por Florencia Barragan - La Cámara de Empresarios Mineros (Caem) se sumó al rechazo al impuesto a la “renta inesperada” que promueve el Gobierno, tal como hicieron en los últimos días otras gremiales empresarias, como la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Unión Industrial (AEA) y la Cámara de la Industria Aceitera (Ciare-Cec). En estos sectores podrían encontrarse el puñado de compañías que estarían alcanzadas por el nuevo tributo, debido a la suba exponencial que tuvieron algunos commodities por la guerra en Ucrania.

Sin embargo, en el sector minero aseguran que su situación es distinta: por un lado, argumentan que cuentan con “estabilidad fiscal”. Pero, por otro lado, porque consideran que un cambio en los derechos de exportación en el que trabaja el Ministerio de Economía podría llegar a captar parte de esa “renta extraordinaria”. Se trata de un proyecto para establecer retenciones móviles. A diferencia del rechazo absoluto de este concepto en sectores como el agropecuario, en la minería lo ven con buenos ojos y aguardan la letra chica.

Inversiones en riesgo

El comunicado de la Cámara de Empresarios Mineros (Caem) asegura que el impuesto a la “renta inesperada” produciría un “fuerte impacto” en las futuras inversiones: “La industria minera es uno de los pocos sectores que en la actualidad posee proyectos que pueden atraer importantes niveles de inversión, entre los u$s600 millones y los más de u$s4000 millones, tanto para la ampliación de yacimientos como para la construcción, generando en el corto plazo un importante ingreso de divisas por inversión extranjera directa (IED)”, dice el texto.

Por otro lado, agregaron que “viola” la estabilidad fiscal del sector, “atentando contra la construcción de un contexto de reglas claras y certezas en materia impositiva”. La ley de inversiones mineras, sancionada en 1993 durante el gobierno de Carlos Menem, establece la estabilidad fiscal para el sector por 30 años desde el momento de presentación de factibilidad económica del proyecto.

Retenciones móviles

El Ministerio de Economía trabaja en propuestas para modificar los derechos de exportación para la minería, actualmente en 8%. Podría ser un esquema más “progresivo”, que varíe según las cotizaciones internacionales, y se “adapte a condiciones volátiles”, según contaron fuentes oficiales. Algo así como un esquema de retenciones móviles, aunque en el Gobierno no quieren hablar en esos términos por el déjà vu de 2008 con el campo.

Si bien todavía está en estudio, podría ser un esquema similar al que tienen los hidrocarburos, que a partir de 2020, se reemplazó una alícuota fija por una formula en la que la alícuota varia entre 0 y 8%, según el precio del petróleo. Así las definió Roberto Arias, secretario de Políticas Tributarias: “Las retenciones a las exportaciones progresivas se fijan estableciendo un esquema atado al precio internacional. Cuando el mismo es alto, se paga una mayor alícuota y la recaudación para el fisco es mayor (y viceversa), apropiándose de parte de la renta extraordinaria”, según escribió en su cuenta de twitter.

El funcionario, que depende del ministro de Economía, Martín Guzmán, detalló que en 2020 las retenciones a los hidrocarburos cayeron a 0% cuando los precios internacionales bajaron por la pandemia, pero luego en 2021 las petroleras pasaron a pagar la alícuota máxima por el aumento de precios en la recuperación pospandemia. “Gracias a ello el Tesoro recaudó $265 millones de dólares adicionales”, escribió Arias en sus redes sociales.

Según pudo saber este diario de fuentes del sector minero, “la línea del Gobierno cae bien, tiene consenso”. Si bien aguardan la letra chica, consideran que el hecho de que pueda quedar fijo un tope del 8% de las retenciones sería positivo, en un contexto de precios internacionales elevados. Empresarios y consultores del sector comentaron que en Chile también existe un sistema de “gravamen escalonado”, de acuerdo al precio internacional, pero que recae en las regalías, no en las exportaciones.

La medida sería un punto intermedio entre lo que busca el Ministerio de Economía y la Secretaría de Minería, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo. En la cartera minera consideran a las retenciones como "regresivas" por gravar la facturación y no la rentabilidad, por lo que "perjudica" a proyectos más chicos o los que están en etapas finales de producción. "No soluciona los problemas del impuesto, pero mejora lo existente", contó una fuente del sector.