Sábado 16 - Por Sofía Diamante - La Secretaría de Energía dio el primer paso esta Semana Santa para avanzar en un nuevo aumento de tarifas con la convocatoria de tres audiencias públicas para la segunda semana de mayo. En los próximos días, la cartera que dirige Darío Martínez publicará en la página oficial el análisis técnico realizado sobre el costo del servicio de gas y del de electricidad. Lo que se decida después del 12 de mayo definirá no solo el eje de poder dentro del Gobierno, sino también la viabilidad del programa económico acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El sector energético es una de las áreas más sensibles para el kirchnerismo duro. Según la vicepresidenta Cristina Kirchner, el expresidente Mauricio Macri perdió las elecciones para su reelección por los “tarifazos” aplicados. Los estallidos políticos en Perú y Chile por el aumento del costo del transporte también pusieron en alerta a la expresidenta.

Sin embargo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, prefiere resaltar otra preocupación: la disparada de los subsidios a la energía, que el año pasado significaron 2,3% del PBI (US$11.000 millones), casi el 75% del déficit fiscal, de 3,1%. Esta tendencia continúa este año con más fuerza por el incremento de los costos internacionales de la energía. En febrero, por ejemplo, los subsidios crecieron 95% interanual, según los últimos datos publicados de las cuentas nacionales.

“Si bien el esquema de subsidios energéticos del Estado nacional debe entenderse como una política de ingresos y que su principal objetivo es proteger el poder adquisitivo de los hogares, actualmente su estructura genera profundas distorsiones concentrando su peso en los sectores de mayor capacidad de pago”, dice la resolución que publicó la Secretaría de Energía para convocar a audiencias públicas.

Y agrega: “Las partidas presupuestarias destinadas desde el sector público a la cobertura de subsidios energéticos han sufrido aumentos notorios, impactando no solo en el resultado fiscal (déficit primario), sino también en características que hacen a la calidad del gasto, sobre todo en relación con su progresividad o regresividad”.

Si bien las resoluciones fueron firmadas por el secretario Martínez, el texto tiene muchas similitudes con expresiones características de Guzmán. Por ejemplo, uno de los considerandos dice que “atendiendo a la escasez de recursos y a la escalada sostenida de los precios internacionales de la energía, no es equitativo que se sostenga una política de subsidio universal por parte del Estado que tiene un sesgo pro rico, por lo que se torna necesario avanzar en una política orientada a segmentar por capacidad de pago, permitiendo una mejor aplicación de los recursos estatales”.

La característica de que los subsidios son “pro rico” fue dicha por el ministro de Economía hace exactamente un año, luego de que no tuviera éxito su intento de echar al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. En ese entonces, Guzmán quiso prescindir de uno de los funcionarios más cercanos a la vicepresidenta, que además pertenece a La Cámpora. Lejos de dar un paso al costado, Basualdo quedó fortalecido y logró imponer, hasta ahora, la voluntad de que las tarifas de luz aumentaran solo 9% el año pasado y 20% este en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En la actualidad, los usuarios residenciales pagan solo el 29% de lo que cuesta el gas y el 35% de la electricidad. Las transferencias del Tesoro crecen cada día con la devaluación de la moneda (ya que las facturas están en pesos, pero los contratos de la energía están en dólares) y por los mayores costos del gas, que afectan también a la generación eléctrica, porque el 60% de la demanda se abastece con energía térmica.

El proyecto de segmentación que presentó Guzmán, que se convalidó en el marco del acuerdo con el FMI, divide a los usuarios en tres categorías: los que reciben tarifa social, los que tienen mayores ingresos y el resto, que no se identifica con ninguno de los dos grupos.

Para el 10% de los consumidores con mayores ingresos, la Secretaría de Energía indicó que no recibirá más subsidios, sin especificar de cuánto será el alza, aunque se proyecta que podría ser de más de 200%. Tampoco se detalló cómo hará el Gobierno para determinar ese segmento ni qué base de datos usará.

En cuanto a los beneficiarios que reciben tarifa social, se indicó que los usuarios de gas no tendrán ningún incremento, mientras que a los de energía eléctrica en el AMBA se les aumentará 6%. Los clientes de Edenor y Edesur son los únicos que están regulados por el Estado nacional, mientras que en el interior, las provincias son las encargadas de controlar el servicio de luz.

Finalmente, para la mayoría de la población que no recibe tarifa social y que no está entre el 10% de la población con mayores ingresos, se indicó que el aumento será de 21,5% para los consumidores de gas y de 17% para los de electricidad. De esta manera, si se tiene en cuenta el alza de 20% que ya se aplicó el mes pasado, los aumentos finales serán en torno al 43%, muy por debajo de la inflación esperada de 60% para este año.