Por Carlos Lamiral - Los funcionarios del Palacio de Hacienda están por estas horas trabajando con plena dedicación en la reformulación del Presupuesto vigente, con vistas a la primera revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que arribará a Buenos Aires el mes próximo. En rigor, el Presupuesto es el mismo del año pasado prorrogado por decreto, porque la oposición impuso el rechazo en el Congreso del proyecto de ley que había enviado el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Según figura en el Programa de Facilidades Extendidas que el FMI aprobó para la Argentina en marzo, la primera pauta a cumplir para la auditoría es adaptar la proyección de gastos y recursos a los números que surgieron en el entendimiento. Eso, dice el memorándum, debería estar listo para el próximo 15 de abril.

Fuentes del Palacio de Hacienda indicaron a Ámbito que “será obviamente una modificación del Presupuesto prorrogado del 2021, como pasó en 2020 con el del 2019” y dijeron que “no necesariamente será esa fecha (por el 15 de abril)” la de la presentación de los nuevos números. De modo que puede ocurrir que, si esa primera meta se incumple, obtenga una mirada contemplativa de los auditores externos, ya que se trataría de una cuestión formal. La fecha es feriado de Viernes Santo, de modo que se puede demorar unos días más.

Es evidente que en estas condiciones al presidente Alberto Fernández y a Guzmán les va a resultar mucho más sencillo cumplir con el trámite, ya que no tendrá que pasar por el Congreso, donde dos veces le “bocharon” los números al ministro. Una fue con el proyecto de Presupuesto 2020 y la otra cuando se trató de anexar el programa económico a la autorización al Poder Ejecutivo para que se endeude con el FMI.

Ahora tendrá que emitir un decreto simple que complemente al 882/21 que firmaron el Presidente, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y Guzmán el 23 de diciembre pasado. Ese decreto señala que “dado lo avanzado del Ejercicio Presupuestario 2021, no resulta posible definir con inmediatez y precisión las adecuaciones referidas en el artículo 27 de la mencionada ley (Ley de Administración Financiera), por lo cual estas se llevarán a cabo oportunamente”.

La ley que rige la administración del Estado establece que en caso de prórroga de un presupuesto, el Poder Ejecutivo tiene que hacerle ajustes, como podría ser seguramente incrementar todos los números en función de la inflación prevista. Como eso todavía no se hizo, siguen vigentes los créditos y débitos del año pasado, al los cuales se les hicieron tres cambios vía resoluciones administrativas. Actualmente, según indica la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), la Administración Nacional tiene definidos $7,971 billones de ingresos corrientes y gastos por $7,485 billones.

La paradoja es que probablemente a lo largo del año, dado el cambiante escenario económico y político global a partir de la guerra en Ucrania, sea necesario estar “recalibrando” cada tres meses el programa del FMI con Argentina y con ello los débitos y créditos presupuestarios.

En sus últimas declaraciones públicas, Guzmán, en C5N, sostuvo respecto de la primera revisión: “Estamos encaminados a cumplir la revisión. Falta un tiempo y estamos trabajando para ello. Los datos fiscales del primer trimestre no están cerrados pero nuestra expectativa es que vienen alineados con lo planeado. La emisión se redujo significativamente y hubo acumulación de reservas”. En el corazón del programa se señala que el objetivo es bajar el déficit fiscal gradualmente al 2,5% del PBI este año, con un crecimiento de entre el 3,5% y el 4,5% y una reducción de la inflación a un rango del 38% al 48%, algo que ya estaría superado. También se establece un aumento de las reservas netas del Banco Central de u$s5.800 millones.

En el mercado se descuenta que la primera visita de la misión del FMI a Buenos Aires termine con un aprobado para el Gobierno. En todo caso, los analistas entienden que para el FMI lo más importante es el aspecto monetario del programa, es decir, que se reduzca fuerte el financiamiento del déficit fiscal con emisión. Este año está previsto que solo sea del 1% del PBI, lo que implica una baja de más de 2,5 puntos respecto del 2021.