Por Fernando Gutiérrez - El proyecto de ley para "recuperar los dólares fugados", que empezó a tratarse en el Congreso introdujo un arma de doble filo en un ambiente ya enrarecido por las tensiones financieras: por un lado, el kirchnerismo espera un rédito político, pero como "lado B", está el riesgo de generar nerviosismo entre los pequeños ahorristas.

De hecho, uno de los primeros temas que surgió en los debates de las redes sociales era si corrían riesgo las cajas de seguridad de los bancos. Como ya comprobaron varios gobiernos, en situaciones de ese tipo no importa tanto qué tan veraz es el rumor, sino qué tan verosímil le parece a la persona que lo recibe.

Y el mercado argentino ha dado muestras rotundas de que reacciona ante cualquier inquietud. Por ejemplo, cuando el Gobierno reforzó el cepo a mediados del 2020 para frenar la compra de dólares a precio oficial -que había llegado a un ritmo mensual de u$s1.000 millones-, volvió a correr el rumor de confiscaciones. Era totalmente infundado, porque los bancos tenían una liquidez en máximos históricos, pero aun así se produjo una salida de depósitos en dólares que, en su pico, alcanzó los u$s100 millones diarios.

Antes de eso, en una situación de incertidumbre política por el desastroso resultado electoral de Mauricio Macri en las PASO de 2019, hubo otra fuga de depositantes, que en cuestión de semanas se llevaron casi la mitad de los u$s32.000 que había en el sistema bancario.

En paralelo con esa caída de depósitos, se incrementó la demanda por cajas de seguridad en los bancos y se intensificó el trasiego de dólares -bajo el formato de "fuga hormiga"- hacia destinos turístico/financieros, como Uruguay o Miami. Al punto que hoy en el sistema financiero uruguayo hay unos u$s3.400 millones, de los cuales en la vecina orilla estiman que el 80% corresponde a ahorristas argentinos.

Fugadores grandes y chicos

Hubo contradicciones respecto de qué tan lejos se espera llegar en la persecución a los "fugadores". Se afirma que la intención es focalizarse en los grandes ahorristas que tienen cuentas con varios ceros en el exterior del país, y una señal sobre cuál sería el "piso" es que los "colaboradores" que aporten información sobre gente en situación irregular, sólo cobrarán premio si el caso informado implica $15 millones en tributos evadidos -u$s128.000 al tipo de cambio oficial-.

Pero por otra parte la senadora Juliana Di Tullio, designada por Cristina Kirchner para defender públicamente el proyecto, estimó en u$s70.000 millones el potencial de recaudación con este proyecto de ley, lo cual presupone que se llegará a detectar una masa fugada de u$s350.000 millones.

La realidad es que solamente se puede captar semejante cifra si se llega también a los pequeños ahorristas y no solamente a individuos ricos y grupos empresariales. Los propios números oficiales explican la razón: al número total estimado de "fuga" hay que restarle activos financieros -parte de ello del propio Banco Central-, inversiones directas de empresas argentinas e inversiones en los mercados de capitales. Esos conceptos ya reducen en un tercio el monto que los autores del proyecto se fijaron como masa dolarizada a fiscalizar.

Lo que queda como atesoramiento puro es una masa de unos u$s230.000 millones, y el propio presidente del Banco Central, Miguel Pesce, estimó que más de la mitad de ese monto se encuentra en forma de billetes físicos. En otras palabras, que son dólares guardados "bajo el colchón" de los pequeños ahorristas.

Casi por definición, ese dinero es indetectable, salvo que haya una decisión de abrir cajas de seguridad. Es una posibilidad que el Gobierno no promueve ni insinuó nunca que estuviera dispuesto a hacer, pero resulta inevitable que el fantasma de la confiscación reaparezca cuando los pequeños ahorristas escuchan declaraciones que equiparan el acto de comprar dólares con el de cometer un delito.

"Si no acompañan la ley, están defendiendo delincuentes", sintetizó la senadora Di Tullio, en un mensaje a la oposición macrista. Pero los críticos de Cristina apuntan a que su proyecto tiene un talón de Aquiles: establece una confusión conceptual entre fuga de capitales y evasión impositiva.

En 2018, cuando se firmó el acuerdo con el FMI, regía un sistema de libertad cambiaria, con un tipo de cambio único. Es decir, no era delito comprar dólares. Ni, en rigor, tampoco era delito que el Banco Central los vendiera. A lo sumo, esa operatoria puede ser criticable políticamente pero no es materia judiciable. Una situación parecida a la que vivió la propia Cristina cuando en 2015 vendió contratos de futuros por u$s16.000 millones para sostener la cotización del dólar en $10, un tema por el cual fue sobreseída en la justicia.

En cambio, lo que sí constituye un delito es comprar dólares y no declararlos ante la AFIP como parte del propio patrimonio. Lo que implica que los "fugadores" no son culpables por la salida de dólares del país, sino por no haber contribuido en la medida de su obligación -y, claro está, en pesos- a las arcas fiscales.

Un peligro latente para el Banco Central

Al día de hoy, los depósitos en dólares del sistema argentino están en u$s15.000 millones, un número que ha permanecido estable desde hace un año y medio a pesar de que la estadística del Banco Central sigue registrando una continua demanda de dólares, algo que da la pauta de la desconfianza hacia eventuales medidas confiscatorias.

Para ponerlo en números, todos los meses el Banco Central está vendiendo -ya sea por atesoramiento o por gastos de turistas en el exterior- un promedio de u$s500 millones, una cifra que puede parecer modesta en comparación con los más de u$s3.000 millones a la que se llegó en otros momentos de turbulencia, pero que es alta si se considera que ocurre bajo un rígido cepo cambiario.

Lo peor es, además, que esa demanda está creciendo lento pero sin pausa, mes a mes. La recaudación del impuesto PAIS de marzo permite inferir que el salto de ese mes fue de 18% respecto de febrero y ya supera los u$s600 millones.

De mantenerse la tendencia, lo que los argentinos le compren al Banco Central superará el objetivo de refuerzo de las reservas -u$s5.800 millones- al que Argentina se comprometió con el Fondo Monetario Internacional.

En ese marco de nerviosismo financiero, no resulta el mejor "timing" para que se presente un proyecto que, eventualmente, puede causar inquietud entre los pequeños ahorristas.

Lo que los economistas siempre observan es que, por más que los depósitos en dólares que están en los bancos sean una parte ínfima de lo que los argentinos tienen "bajo el colchón", es una cifra que no debe desdeñarse por una razón poderosa: los encajes forman parte de las reservas del Banco Central.

Más concretamente, la cuarta parte de los u$s43.000 millones que figuran como reservas brutas corresponden a dólares de los ahorristas. Ergo, cualquier reacción de pánico que haga disminuir el monto de esas cuentas, tendrá impacto en una variable sensible de la economía -de hecho, una de las que mira con lupa el staff técnico del FMI que monitorea el cumplimiento del plan económico-.

Amor al dólar: cifras contundentes

Lo cierto es que es muy fuerte el contraste entre lo que los promotores del proyecto de ley se fijaron como meta de recaudación y lo que los analistas consideran que se puede llegar a obtener. Una distancia tan grande como la que va entre u$s70.000 millones a cero dólares.

Es por eso que el eventual "efecto boomerang" del proyecto es grande: no se sabe cuánto dinero se puede recaudar, pero sí se sabe que existe el riesgo de una salida de depósitos, que afectaría las reservas del BCRA. Por otra parte, una exacerbación del ruido político también le pondría más presión a la demanda por el dólar blue.

Además de los u$s15.000 millones ahorrados en cuentas de moneda extranjera, hay en el sistema bancario unos $4billones en plazos fijos y otras modalidades de ahorro. Ese monto equivale, al cambio oficial, a unos 34.180 millones de dólares.

Lo cual da la pauta sobre cómo se conforma el verdadero ahorro de los argentinos: el monto líquido que está fuera del sistema financiero es 4,7 veces el que está depositado en los bancos.

Si todo ese dinero estuviera dentro de los bancos, entonces Argentina lideraría, por lejos, el ranking de los países con ahorro más dolarizado, ya que las tenencias en pesos representarían apenas un 10% del total. Hoy, las estadísticas marcan a Uruguay como el país con sistema más dolarizado de la región, porque sólo un 24% de los depósitos está en moneda doméstica.

Los números son contundentes: por mayoría aplastante, los argentinos conciben al ahorro en dólares y fuera del sistema bancario. Y, en el caso de los ahorristas pequeños y medianos, ese ahorro es en billetes físicos -no por casualidad, Argentina es el país con mayor cantidad de billetes de dólares per capita, superando a Estados Unidos-.

La informalidad tributaria surge casi como consecuencia natural de ese tipo de ahorro. Y ante cualquier manifestación política que se malinterprete, se corre el riesgo de una reacción de pánico.

Esa es la riesgosa contracara del proyecto para recuperar los dólares "fugados": la posibilidad siempre latente de que quienes trabajosamente hicieron un pequeño capital comprando de a u$s200 dólares sientan que, otra vez, van por ellos.