Por Carlos Lamiral - Tanto los empresarios de la industria como aquellos que se dedican a la importación abrigaban hasta hace unas semanas la esperanza de que para abril iban a poder contar con más dólares provenientes de la liquidación de la cosecha. Ahora creen que la escasez de divisas se va a prolongar por lo menos hasta agosto y eso se explica en el incremento del precio del gas que el país deberá importar este año. Serían u$s5.000 millones más que en 2021.

Desde febrero, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ajustó los controles sobre la capacidad económico financiera de las empresas se produjo una fuerte restricción a las compras desde el exterior y tal como habían anticipado empresarios en ese momento, la medida generó una reacción de las importadoras a nivel de la Justicia.

Según estimó Miguel Ponce, el director del Centro de Estudios del Comercio Exterior del Siglo XXI, “un tercio de lo que ha ingresado este año al país lo ha hecho bajo amparo de los jueces”. Para el consultor de empresas “la cantidad de amparos es inusual desde la época del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno” cuando se habían puesto en vigencia las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI)”.

En el Banco Central los funcionarios rechazan los cuestionamientos de los empresarios, al destacar que en lo que va del año se está produciendo un “récord de importaciones”. Si se ven los datos del Intercambio Comercial Argentino (ICA) en los dos primeros meses las compras crecieron 36,6% en enero y 51,7% en febrero, mientras que en el acumulado del bimestre suben 44,1%, todo respecto de 2021. Los datos del INDEC corresponden a operaciones devengadas, es decir informadas, pero eso no quiere decir que se hayan pagado.

Los amparos de los jueces están dirigidos contra las declaraciones del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), que deben hacer los importadores a través de la Aduana. Se terminan de autorizar en el Ministerio de Desarrollo Productivo e interviene también la AFIP. En la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) estiman que poco menos de 1.000 empresas están importando bajo amparo judicial.

Las SIMI cuestionadas, en general, son de empresas que importan productos bajo Licencias No Automáticas (LNA), que corresponden a bienes finales o que tienen proveedores locales. Las que ingresaron bajo Licencias Automáticas (LA) son de insumos para la producción o de bienes que no tienen proveedor local. Las LNA pueden tener un período de trámite de 90 días y alcanzan a unos 1.500 productos. Las LA tal como lo indica su nombre, son de diligencia inmediata.

Las empresas definieron como estrategia no cuestionar al Banco Central, que obliga a pedir crédito comercial a proveedores del exterior a las empresas que importen por encima del 5% del valor del año pasado o del 70% respecto del 2020. “El BCRA no dice que no se puede importar. Dice que para hacerlo hay que respetar ciertas condiciones”, explicó un empresario a Ámbito Financiero. El importador consideró que “es imposible operar con el plazo de 180 días” porque no se ajusta a los criterios del comercio exterior. También señala que la restricción de dólares genera problemas para el envío de pagos anticipados a un proveedor del exterior. “Hay que pensar que si una empresa quiere importar un insumo que se tiene que fabricar, el proveedor pide un anticipo”, explicó. A su vez dice que las operaciones no se pueden abonar a través de dólar Contado Con Liquidación (CCL) porque en ese caso el gobierno estaría reconociendo un desdoblamiento del tipo de cambio.

“Pensábamos que esto se iba a poder resolver para abril, pero con la guerra en Ucrania el precio del gas se disparó y ahora creemos que esto se va a prolongar por lo menos hasta agosto”. explicó. Se estima que este año el gas importado demandará unos u$s5.000 millones más que en 2021 y eso obligará a administrar los dólares. Se prevé entonces que las restricciones para las importaciones, sobre todo la de bienes de consumo final, se van a mantener.

Por otro lado, empresarios pymes también presentaron hace unos días sus quejas ante el Banco Central. Advirtieron que se va a producir “un parate” de las fábricas por falta de materias primas.

“Las pymes están sufriendo la falta de materia prima que no se produce en el país. Y si bien existe un sistema para garantizar el consumo histórico de cada fábrica, que busca evitar un salto en las compras externas ante la escasez de dólares, la comparación con la casi nula actividad en pandemia y con el año pasado, cuando recién se estaba restableciendo con dificultades la producción, muestra un panorama que no se ajusta a las necesidades de la reactivación de este año”, afirmó el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato.

Rosato advirtió sobre un efecto no deseado que se está produciendo por los amparos. “Las importaciones de insumos para la actividad están en el listado de Licencias Automáticas, mientras que los productos terminados cuentan con Licencias No Automáticas. Ante las restricciones y la aplicación del cupo para importar, se está dando una dinámica de autorizaciones más ágiles de LNA que de LA, lo que provocó involuntariamente un ciclo de importación de valor agregado”, advirtió.