Por Cecilia Devanna - El Gobierno generó ayer una fuerte polémica al difundir una iniciativa sobre el uso de las redes sociales. En el marco del Consejo Económico y Social, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, habló de “profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común”, lo que fue interpretado por la oposición y organismos de libertad de expresión como un intento de regulación. Desde el Gobierno tuvieron que salir a aclarar que el objetivo de la propuesta no es generar un proyecto de ley para establecer pautas de funcionamiento.

El gobierno nacional volvió a quedar ayer en el centro de la polémica por la declaración de uno de sus funcionarios. Esta vez fue por los dichos de Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos, quien en el marco del encuentro del Consejo Económico y Social, en el CCK, aseguró: “Vamos a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común”, e hizo referencia a un proyecto en el que se trabajaba para el “buen uso” de aquellas.

La enunciación pareció remitir a una posible regulación de los contenidos digitales, un tema extremadamente sensible en todo el mundo.

En minutos sus palabras se viralizaron precisamente por las mismas redes a las que apuntó, y se instaló la polémica. Desde el Ejecutivo salieron entonces a relativizar lo anunciado y remitían a un resumen de ocho páginas del proyecto.

Desde el propio entorno presidencial aclararon que “no es objetivo de la iniciativa generar un proyecto de ley ni ningún tipo de regulación, sino generar un debate como ocurre en otras partes del mundo”.

En la Casa Rosada, donde tiene despacho el funcionario, había quienes admitían que la enunciación del funcionario no había sido exactamente la mejor y que, como quedaba transmitido, el proyecto distaba mucho de su versión real.

Incluso aseguraban que no era que se buscara “regular” los contenidos en las redes, así como tampoco se trabajaba en un eventual proyecto de ley que diera un marco normativo a las aspiraciones.

Conocida la polémica, Beliz aseguró en un descargo escrito que el anuncio “no significa ni un intento de regular las redes sociales, ni un intento de vulnerar la libertad de expresión, ni mucho menos avasallar ningún derecho constitucional”, y que “pretender cualquier otra interpretación es algo alejado a la verdad de lo que estamos realizando con seriedad y profesionalismo”.

En tanto que en el resumen emitido por el Gobierno se explica:

“Redes para el bien común es un programa del Consejo Económico y Social que nace a partir de la adhesión de la República Argentina al Pacto por la Información y la Democracia, en junio del año 2021. Tiene por objeto abordar los múltiples desafíos del ejercicio de la ciudadanía en tiempos de internet y aportar a la construcción de un ecosistema digital más plural y respetuoso que potencie la calidad del debate público”.

En ese material se habla de generar ámbitos de debate con la participación de universidades, organismos y las propias plataformas digitales, como un modo de establecer pautas en forma cooperativa.

Sin embargo, en el mismo material se habla de que en el trabajo previo a la presentación de hoy fueron compiladas en un documento público que “hace un repaso de las regulaciones vigentes en Europa, las herramientas de protección que ofrecen las propias plataformas digitales, la necesidad de generar mecanismos de regulación, corregulación y autorregulación que no afecten a la libertad de expresión y el fomento a la alfabetización digital”.

La polémica se instaló inmediatamente y la oposición salió a criticar abiertamente la propuesta. “La mejor manera de no intoxicar el espíritu de nuestra democracia es respetando la libertad de expresión y de opinión. Meterse a controlar las expresiones en las redes sociales es inaceptable e inconstitucional”, tuiteó el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Consultada por la nacion sobre el anuncio del Gobierno, la exlegisladora y titular de la Fundación Led Silvana Giudici consideró que “no es la primera vez que el kirchnerismo propone regulación de contenidos”, y en ese sentido contextualizó con lo que en su momento presentó como proyecto el senador Oscar Parrilli o Gustavo López, y el observatorio Nodio de Myrian Lewin.

“Esto es algo que está en la cabeza de ellos y que siempre han intentado, desde regular contenidos hasta el ciberpatrullaje de Sabina Frederic”, evaluó.

Sobre el final de la jornada, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que agrupa a los medios periodísticos de toda la Argentina, hizo saber a través de su cuenta de Twitter su preocupación en el tema. “ADEPA observa con preocupación, por su potencial efecto sobre la libertad de expresión, el anuncio de una serie de iniciativas, que contarían con la participación de organismos estatales, orientadas a monitorear e incidir en el uso de las redes sociales”, consignaron sobre la polémica en torno de lo sucedido.ß

AdepA dijo que observa la propuesta “con preocupación” por “su potencial efecto sobre la libertad de expresión”, de medidas que están “orientadas a monitorear e incidir en el uso de las redes sociales”