Por Pablo Sieira - La idea del oficialismo de levantar el secreto fiscal y bancario para avanzar con el nuevo impuesto sobre bienes no declarados en el exterior requiere de cambios en al menos tres leyes vigentes. El proyecto para eso está en elaboración y podría presentarse en los próximos días.

El secreto fiscal, bancario y bursátil está contemplado en la Ley de Entidades Financieras (21.526), Ley de Procedimiento Fiscal (11.683) y en la Ley de Mercado de Capitales (26.831), entre otras normas.

Esas leyes están mencionadas en el proyecto que presentó el bloque de senadores del Frente de Todos para crear un "aporte especial" que alcanzará a las personas con bienes y fondos sin declarar en el exterior, con el fin de usar esa recaudación para pagar la deuda con el FMI.

La intención del oficialismo es acompañar esa iniciativa con otra que apuntará a "levantar el secreto fiscal, bursátil y bancario", según adelantó la bancada del Frente de Todos al presentar el proyecto madre, lo cual fue confirmado este martes por la senadora Juliana Di Tullio en declaraciones radiales.

Fuentes del bloque del Frente de Todos indicaron a iProfesional que ese proyecto complementario está todavía en proceso y que no tiene aún una fecha de presentación. "Puede ser que esta semana haya alguna novedad sobre el tema", deslizaron.

¿Por qué el oficialismo quiere levantar el secreto fiscal y bancario?

En los planes del oficialismo, la eventual modificación del secreto fiscal, bancario y bursátil será necesaria para poner en vigencia la figura del "colaborador", uno de los puntos centrales del proyecto que apunta a gravar los bienes no declarados en el exterior, impulsado por la vicepresidenta Cristina Kirchner y respaldado por el presidente Alberto Fernández.

El "colaborador" tendrá el objetivo de cooperar con la AFIP para la "detección o localización de bienes ocultos o no declarados, maniobras de evasión fiscal y/o de lavado de activos" y podrán acogerse a esa figura "cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero".

Allí se incluyen las entidades bancarias, compañías financieras, sociedades de ahorro nacionales e internacionales, públicas o privadas, como así también sociedades y agentes de bolsa y de cambio.

El proyecto señala que el "colaborador" será relevado "del secreto financiero, fiscal y bursátil, establecidos en las leyes 21.526 (ley de entidades financieras), 11.683 (ley de procedimiento fiscal) y 26.831 (ley de mercado de capitales), respectivamente", al tiempo que deja "sin efecto cualquier acuerdo de confidencialidad suscripto entre las partes debido a la supremacía del interés público sobre el acuerdo entre privados".

Asimismo, las entidades financieras, los agentes de bolsa y de cambio y otras entidades que actúen como "colaboradores" quedarán "eximidos de cualquier tipo de sanción o multa" contemplada en esas leyes o en la 17.811 (Ley de oferta pública y mercado de valores) y la 25.246 (Ley de encubrimiento y lavado de activos).

¿Cuál sería el fin del proyecto complementario sobre secreto fiscal?

En ese marco, la intención del Frente de Todos es modificar las excepciones al secreto fiscal, bancario y bursátil y ampliar los sujetos exceptuados, con el fin de adaptar esa arquitectura jurídica al objetivo de detectar y gravar los bienes no declarados en el exterior.

En la Ley de Administración Financiera, por ejemplo, se establece que solo se exceptúa del deber del secreto a los informes que requieran los jueces; el Banco Central; los organismos recaudadores de impuestos nacionales, provinciales o municipales y las entidades financieras, previa autorización expresa del Central.

Di Tullio señaló que a esa lista se sumarían "la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa, los fiscales y el jefe de Gabinete", quienes quedarían habilitados para pedir la información que concentran diversos organismos a los fines de dar con "esa primera salida de divisas, quién es el titular o titulares que están fugando divisas con fines de evasión o de lavado de dinero".

Esta intención ya empezó a ser cuestionada tanto por los tributaristas, que advierten sobre una mayor "inseguridad jurídica" como por un sector de la oposición, que además ya planteó su rechazo al proyecto para crear un "aporte especial".

La principal crítica de Juntos por el Cambio es que la iniciativa debería empezar a tratarse en la Cámara de Diputados y no en el Senado, por ser de materia impositiva. En este contexto, el Frente de Todos podría tener dificultades para avanzar tanto con esa iniciativa como con la referida al secreto fiscal, dado que no tiene mayoría en ninguna de las dos Cámaras.

Escenario complicado en el Congreso

Los cuestionamientos de la oposición respecto de que el proyecto para crear un "aporte especial" debe tener como cámara iniciadora a Diputados puso un manto de duda sobre el futuro de su tratamiento en el Senado.

El Frente de Todos no solo no tiene quórum propio (se necesitan 37 senadores y tiene 35) para forzar un tratamiento sino que además se arriesgaría a que Juntos por el Cambio y abogados tributaristas judicialicen el tema.

En la Cámara de Diputados el escenario no es más fácil, dado que el oficialismo tampoco tiene mayoría y, para colmo, las internas en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio, respectivamente, tienen paralizada la actividad, al punto de que todavía no se terminaron de constituir las comisiones.

No obstante, el oficialismo ya activó su argumento central. El senador Oscar Parrilli, estrecho colaborador de Cristina Kirchner, remarcó que "no es un impuesto a la riqueza" sino un tributo "a la evasión" y subrayó que quienes no lo acompañen "estarán defendiendo a los evasores".