Por
Bárbara Epsztein y Domitila Dellacha - El plan del Frente de Todos para pagarle
al Fondo Monetario Internacional (FMI) recaudando un “aporte” de quienes tengan
bienes en el exterior sin declarar fue duramente cuestionado por
constitucionalistas y tributaristas.
“Es
jurídicamente inviable”, consideró el abogado constitucionalista Andrés Gil
Domínguez, en diálogo con la nacion. Al analizar lo expuesto por el bloque
oficialista, el letrado opinó: “Conforme al comunicado y lo que surge del
mismo, la propuesta en sí es jurídicamente inviable y, aparte, en su conjunto
no tiene un sustento razonable”.
Según
precisó, en la Argentina ya existen figuras que permiten la recuperación de activos
no declarados en el exterior. “Ya están dadas las herramientas legales. Ya
existen figuras como el decomiso y la extinción de dominio, lo que proponen ya
existe si se quiere ir por los bienes producidos por delitos de corrupción o
por lavado”, señaló.
Dentro
del proyecto de ley se destaca la figura del “colaborador”, aplicada “a quienes
faciliten el hallazgo de bienes no declarados”, tanto personas como entidades
bancarias. Para ello, “serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad
con el evasor”, modificándose las excepciones del secreto bancario, bursátil y
fiscal.
Consultado
sobre este punto, Gil Domínguez advirtió que ya existen los mecanismos que
permiten perseguir a los evasores y proceder a cobrar si una persona ha evadido
al fisco. “Desde la Argentina no se puede hacer absolutamente nada con el
secreto bancario en otros países. Ya existen tratados bilaterales o
multilaterales de transmisión de información bancaria o de bienes”, aclaró.
“Sería
bárbaro que todos aquellos bienes que se recuperen por delitos de corrupción
–generados usualmente por la clase política argentina– vayan al pago de la
cancelación de deuda con el FMI o para pagar derechos económicos, sociales y
culturales, que es mucho más urgente”, concluyó el abogado.
César
Litvin, tributarista y CEO del estudio Lisicki, Litvin y Asociados, definió el
proyecto de ley del Frente de Todos como “inviable, absurdo e inoportuno para
este momento de la Argentina”. Y explicó: “No es un momento oportuno con este
grado de inseguridad jurídica e internas en el oficialismo. Me parece que la
Argentina no tiene que cambiar las reglas del juego y crear más impuestos, sino
más empleo. No se logra así la estabilidad normativa”.
Litvin
sostuvo que muchos de los instrumentos que plantea el bloque oficialista no son
novedosos. “La AFIP ya tiene herramientas para detectar bienes en el exterior,
salvo en los Estados Unidos. Las tiene en paraísos fiscales como Suiza, Panamá,
Bahamas y Uruguay”, señaló.
“Es
un blanqueo”, resumió Litvin. “Es un régimen esterilizador para bienes no
declarados. Habría que ver si aquellos que tienen bienes no declarados están
dispuestos a declararlos, porque han sido castigados por el aumento de Bienes
Personales y el impuesto a la riqueza. No creo que tenga éxito como el blanqueo
de Macri”, opinó.
Gabriel
Auren, socio de Auren Argentina, también arremetió contra la propuesta del
Gobierno. “Siguen queriendo esquilmar a los contribuyentes”, fustigó, señaló
que el proyecto no supone “nada novedoso” y completó: “Si lo que quieren hacer
es otro blanqueo, no es la mejor forma porque están proyectando cobrar una tasa
de entre 20 y 35% por esos activos no declarados”.
“Vayamos
a la realidad: hoy la Argentina con los Estados Unidos no tiene un convenio
para intercambiar información financiera. El que no tiene una cuenta declarada,
¿de qué forma va a acceder el Gobierno a esa información si los Estados Unidos
nunca se la va a dar?”, concluyó.
El
tributarista Iván Sasovsky sostuvo: “Esto se trata de un blanqueo encubierto.
No servirá de nada si no hay una baja significativa de la presión fiscal. El
fisco posee todas las herramientas y el peso de la ley para que esto no pase.
Pero la presión fiscal argentina con un 50% de informalidad genera este tipo de
situaciones”, dijo.
Fernanda
Laiún, socia en Laiún, Fernández Sabella & Smudt, apuntó en el mismo
sentido: “En un contexto de alta evasión no parece ser el lugar por donde
empezar a mejorar las cuentas nacionales”.
“Más
allá de que el Estado debe controlar el gasto casi compulsivo, debe empezar por
hacer pagar a todos los argentinos los impuestos que ya existen y no solo a los
están encerrados en el viejo zoológico”, agregó, y subrayó: “Hay mucho camino
por hacer para atacar la evasión y no se requieren leyes rimbombantes ni
favores de otros Estados, con buscar dentro de nuestras fronteras alcanza:
generando retenciones significativas a los retiros de efectivo y una inversión
importante en el desarrollo de sistemas de cruce de información para la AFIP
harían casi todo el camino”.ß
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