Domingo 6 - Por Sebastián Catalano - La llamada “Exposición de motivos” del Acuerdo de Facilidades Extendidas (Extended Fund Facility) es el documento más extenso de todos los del nuevo programa de reestructuración de deuda que finalmente cerró esta semana el Gobierno con el FMI luego de mucha tensión y demoras.

Se trata de un “exhaustivo detalle” que traduce a un lenguaje político y económico, pero muy local y no técnico, los dos documentos que son la columna vertebral del nuevo programa, el “Memorándum de Políticas Económicas y Financieras” y el “Memorándum Técnico de Entendimiento”. Tiene mucho de arenga y relato, también. La “Exposición de motivos” no estuvo incluida en los documentos que se giraron y publicó el Fondo en Washington. Está dirigido a los legisladores y, más que nada, a la posteridad, ya que quedará dentro de la ley (si se aprueba).

Es un extenso “ah, pero Macri…”, dirían en la oposición. Un “no olvidar nunca lo que nos dejaron”, podrían argumentar en Casa Rosada. El extenso texto es similar a otros con los que las actuales autoridades acompañaron documentos importantes, como el acuerdo con los acreedores privados y los papers que anexaron a la evaluación ex post que hizo el FMI del préstamo fallido de 2018. Allí, además, se puede leer algunos lineamientos de lo que vendrá en materia económica: después de todo, el programa es el plan económico, según confirmaron en la Carta de Intención que como prólogo del acuerdo el ministro de Economía, Martín Guzmán, y Miguel Pesce, presidente del BCRA, le enviaron al FMI el viernes.

El comienzo de la carta que los funcionarios del Gobierno le enviaron a Georgieva

A modo de arenga, el Gobierno no perdió la oportunidad de fustigar a Cambiemos y su relación con el organismo. “Para tener dimensión de lo que significó este acuerdo, en el año 2020, en el marco de la pandemia que sufría toda la humanidad, el FMI asistió a más de 80 países realizando desembolsos netos por aproximadamente USD 50.000 millones en todo el mundo. El esfuerzo del organismo para todos estos países en el contexto de una de las peores crisis de la historia reciente de la humanidad, fue equivalente al programa sin precedentes acordado con la República Argentina en 2018″, resumió la “Exposición de motivos”. Si ese será el centro del debate legislativo que vendrá, quedará por dilucidar qué hara la oposición, si aceptará los dardos o si se indignará por el ataque, como cuando se debatió el fallido Presupuesto 2022, o días atrás cuando abandonaron el recinto de la Asamblea Legislativa en el momento en el que Alberto Fernández pidió continuar con la querella contra Macri.

Como se adelantó, el programa tendrá como eje una “estrategia plurianual” para alcanzar un déficit primario del 2,5% del PIB en 2022 y de 1,9% en 2023; que bajaría a 0,9% en 2024. ¿Cómo lo harán? Hay muchas dudas al respecto.

Como novedades, el Gobierno detalló que habrá un revalúo inmobiliario que impactará en el impuesto a los Bienes Personales y que se cambiará otra vez la forma de actualización del impuesto a los combustibles fósiles. En total, según el cálculo oficial, ambas tendrán un impacto del orden del 1% del PBI. Además, la idea es reducir en 0,6% del PIB los subsidios energéticos, algo de lo que se habló largo y tendido estos días. El resultado serán aumentos bastantes más altos de los que exigieron la vicepresidente Cristina Kirchner y el Instituto Patria. “Durante este año y el 2023, no se contemplan revisiones tarifarias adicionales para aquellos usuarios residenciales con subsidios, si se implementa exitosamente el esquema de segmentación”, promete la letra chica. El condicionante suma dudas dado el atraso del mentado esquema.

Con respecto a la altísima inflación de 2021, se dijo que respondió a fenómenos tanto externos como internos. “Los cambios en los patrones de consumo de las familias, los problemas logísticos y de cuello de botella en las cadenas de valor globales y el incremento de los precios internacionales de los principales commodities, generaron tensiones en la evolución de los precios alrededor del mundo”. Al menos en ese texto, no hubo mayores detalles de los llamados “fenómenos internos”.

Economía promete, muy de a poco, desarmar los controles al dólar y habla de un término muy técnico: la macroprudencialidad. “Superada la emergencia, en la medida que las circunstancias lo permitan, se convergerá hacia un esquema de regulaciones macroprudenciales que permita e incentive los flujos de inversión de largo plazo, a la vez que limite los flujos de capitales especulativos de corto plazo”, dice el texto.

Ahora la puja será legislativa y contrarreloj: el 22 de marzo vencerá una cuota de unos USD 2.800 millones y no hay dólares para pagarla. ¿Pasará el proyecto por Diputados y Senadores a tiempo para luego ser aprobado por el board del organismo? ¿Qué postura tomarán Cristina y Máximo Kirchner en una discusión en la que cada palabra e incluso cada gesto serán medidos al detalle? Si no se llega, habrá default… o arreas (atrasos), como los define el propio Fondo. El organismo tiene un proceso largo, de hasta 6 meses, para declarar formalmente a un país en incumplimiento. “Es verdad que hay margen y no todo es lineal, pero si no pagás, un minuto después del vencimiento estás en default”, reconoció una calificada fuente oficial. Qué puede pasar con los bonos locales, el riesgo país y el dólar, por mencionar algunas variables, si se entra en ese cono de retraso es otro interrogante.

Dos batallas

Siempre calmo y con gesto adusto, el ministro de Economía Martín Guzmán celebró el acuerdo. Fueron meses de una ardua, tensa y desgastante negociación de su equipo y otros allegados a la letra gruesa y fina del convenio. En las últimas semanas el balance diario de horas de sueño, seguramente arrojó déficit en Hacienda.

A pesar del esfuerzo y el logro, en medio de una puja a la que aún le faltan varios rounds –el primero de ellos mañana, cuando vaya a la comisión de Diputados a defender el acuerdo–, quedaron tachados con rojo dos objetivos que Guzmán había marcado como prioritarios.

Martín Guzmán y Julie Kozack, del FMI, en una reunión en Roma, el año pasado

A mediados de 2021, el ministro volvió de la reunión del G20 de Italia, y de encontrarse con el FMI, subido a dos “caballitos de batalla”: la reducción de sobrecargos de los préstamos del FMI –por los que el Gobierno dice que paga extras de hasta USD 1.000 millones por año– y la inclusión en el nuevo programa de una cláusula para “saltar” a un nuevo esquema si el FMI lo creaba por fuera de las alternativas de un Standby o un EFF. Batallas globales con claro impacto local.

Allí, en Venecia, Kristalina Georgieva habló de la posibilidad de sumar a su menú corto un fideicomiso “verde” de resiliencia, un plan de largo plazo con tasas especiales y atado a la crisis que generó la pandemia. “Un programa más moderno”, sintetizaron cerca de Guzmán al que de todas maneras Argentina no iba a poder llegar dada la premura de firmar un programa en pocos meses.

Así, se volvieron lineamientos centrales para Guzmán poder revisar lo que se paga por sobrecargos e incluir una adenda, una cláusula especial, que habilitara un acople al nuevo tipo de préstamo desde uno ya firmado. Eso tenía que quedar plasmado en el programa a firmarse. Pero no hubo aún acuerdo por los sobrecargos, el board del FMI “patea” el tema cada vez que se menciona en una reunión ni adenda “verde”. Seguramente el Fondo endureció su posición y el ministro cambió sus prioridades por otras urgencias más atadas a las internas del propio Gobierno, como los subsidios y las tarifas.

En la citada Carta de Intención al Fondo que firmaron Guzmán y Pesce hay una suerte de pedido de favor especial, casi un ruego, sobre la alternativa “verde”. “Finalmente, le solicitamos que confirme que, si en cualquier momento durante la duración del acuerdo extendido, el Fondo creara una nueva facilidad con mejores términos financieros y para la cual Argentina fuera elegible”, el país “tendría la oportunidad de hacer uso del nuevo servicio”, destacó la misiva antes de despedirse con formal “yours sincerely”.