El Ministerio de Economía concluyó con el trazo grueso del memorando de entendimiento y concluía en estas horas con los últimos retoques (Maximiliano Luna)

Por Mariano Boettner - El wording del acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional era lo que separaba, en las últimas horas del martes feriado, al Gobierno nacional y el organismo de un memorando de entendimiento completo. No es una cuestión menor en un programa financiero del tamaño y relevancia como el que se negoció durante los últimos meses de qué manera está expresado el contenido del “contrato”, qué palabras se usan en detrimento de otras y la traducción inglés-español, que si no es puntilloso puede dejar espacio a ambigüedades. Fue un día de versiones e idas y vueltas.

Este martes durante la Asamblea Legislativa el presidente Alberto Fernández se refirió, por un lado, al primer entendimiento cerrado con el FMI el 28 de enero, que anticipó los lineamientos centrales de política económica que estarían incluidos en el Extended Fund Facility (EFF) que está a la firma. Por otro, reconoció que aún faltaban cuestiones de “formalización” del programa y dijo que esperaba concluirlos “a la brevedad”.

A pesar de que los trazos gruesos del programa ya habían sido acordados con un llamado de madrugada entre el ministro de Economía Martín Guzmán y la directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental Julie Kozack, en el Poder Ejecutivo evitaban hablar de acuerdo cerrado por completo. “Solo vamos a considerarlo cerrado cuando sea enviado al Congreso”, mencionaron.

En algunos despachos oficiales sobrevuelan dos certezas: la primera es que el visto bueno del staff técnico del FMI implica, por lógica, un respaldo informal del directorio del organismo, que es el máximo órgano de decisión y que deberá discutirlo entre sus accionistas luego del paso por el Congreso argentino.

En segundo lugar, que el ala política del Frente de Todos tendrá menos tiempo del que se preveía en una hoja de ruta preliminar que habían trazado, para llevar el acuerdo técnico al parlamento, hacerlo pasar por las comisiones de ambas cámaras, asegurarse de tener las voluntades suficientes para aprobarlo y, todo eso, en medio de una tensión hacia el interior de la coalición oficialista. En un escenario ideal imaginaban una ventana de tiempo de un mes para concluir ese proceso y enviar el programa al directorio en Washington. El margen ahora será menor: en 20 días vencen USD 2.809 millones con el organismo y el Gobierno no tiene los dólares para afrontarlo.

En 20 días vencen USD 2.809 millones con el organismo y el Gobierno no tiene los dólares para afrontarlo. Es aún una incógnita qué postura tomará durante el debate de la ley propiamiente dicha el sector más identificado con Cristina Kirchner en la Cámara de Diputados. Máximo Kirchner dejó de ser el jefe de la bancada luego de cuestionar en duros términos los alcances del primer entendimiento de fines de enero. ¿Pondrá en peligro ese antecedente el tratamiento dentro del propio oficialismo? ¿Qué postura tomará la oposición luego de que una parte sustancial del bloque vacie el recinto durante el discurso de Alberto Fernández?

Una fuente oficial ironizaba en los últimos días que, contra algún pronóstico, el directorio del Fondo Monetario Internacional -donde pesan las opiniones de las principales potencias económicas y en donde es imposible conseguir el visto bueno general sin tener el respaldo de los Estados Unidos- terminó por ser un foro más “amigable” para tener la luz verde del acuerdo, en comparación con el propio Congreso y la coalición de Gobierno.

El tramo de la negociación política doméstica del acuerdo comenzará a recorrerse en los próximos días. Fuentes oficiales aseguraban que la redacción consensuada del acuerdo tomaría todo el martes para terminarse. Por lo tanto, el miércoles o jueves ya estaría en condiciones de ser enviado al Congreso para su debate. También habría, como sucede en este tipo de ocasiones, un comunicado del Fondo Monetario Internacional confirmando el acuerdo a nivel de staff.

La última discusión del trazo grueso del programa nuevo con el FMI fueron las tarifas y los subsidios. Fue, además, la cuestión que trabó la posibilidad de firmar incluso antes el memorandum de entendimiento. El organismo presionó para que los servicios públicos aumenten más que el 20% que había anunciado en su momento el Gobierno.

Tras la negociación, de varios días, se habría llegado a un consenso por el cual el decil con ingresos más altos pagará de manera plena el valor de la tarifa, mientras que al resto de los usuarios -sin contar al sector de la población que tenga tarifa social- verá sus boletas aumentar en un ritmo levemente menor al del índice de salarios general de la economía, que incluye a empleados privados registrados, públicos y trabajadores informales.

Fuentes oficiales aseveraban que el resultado de la negociación sobre ese aspecto particular del programa con el Fondo, que fue el más árido de toda la discusión por la letra chica, termina así con una “victoria” del oficialismo. La lógica es que no se terminó por imponer la opción que sostenía el staff técnico, es decir, que las tarifas aumenten en un ritmo superior al de la inflación esperada.

La célebre letra chica del acuerdo co el FMI incluirá una serie de preceptos que incluirán ciertas declaraciones de principios del equipo económico, respecto a cómo se llegó en términos de política económica a la actualidad, el impacto de la pandemia, la recuperación posterior, las medidas que tomó el Gobierno durante la etapa más crítica de crisis sanitaria y la reestructuración de la deuda privada como hitos.

Luego, desplegará una defensa de por qué el acuerdo sería virtuoso para la economía de los próximos años, con referencias al alivio de pago de deuda que implicará esta refinanciación, la necesidad de converger hacia un equilibrio fiscal -en este punto el equipo económico argumenta que no es un objetivo trazado solo por presión del FMI sino que forma parte de una idea de gestión “originaria”-, reducción de la inflación y acumulación de reservas.

Llegará, a continuación, el segmento del acuerdo que trazará las líneas de cal de la política económica de los próximos dos años y medio. La nueva cancha en la que deberá jugar el Gobierno incluirá una reducción año a año del déficit primario, un abrupto corte de la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro y metas de acumulación anual de reservas, que debería sumar unas USD 15.000 milllones en términos netos hasta el fin de 2024.

Esos tres elementos tendrá carácter de condicional. Esto es, si el Gobierno no cumple con los objetivos explicitados en el programa, no tendrá acceso a los desembolos trimestrales desde Washington para cubrir cada vencimiento del Stand By. Vale aclarar que el nuevo crédito se utilizará íntegramente para abonar el anterior. Es decir, el FMI prestará dinero a la Argentina para que pueda cubrir el calendario de pagos al que se había comprometido en 2018.

Esto sucede porque el Fondo, por estatuto, no reestructura sus deudas con quitas -como puede suceder en una negociación con acreedores privados- sino que las refinancia. Este EFF que firmarán el Poder Ejecutivo y el FMI en las próximas horas será entonces un vehículo para que el Estado argentino gane tiempo y acumule reservas para poder pagar desde 2026 su deuda.

El programa con el Fondo, además, incluirá otro tipo de compromisos por parte de la Casa Rosada, hacia adelante. En ese sentido, parte de la negociación entre los funcionarios del equipo económico y el staff incluyó distintas “evaluaciones” que deberá hacer el Ejecutivo en aspectos como la política previsional, la administración tributaria, gestión de la deuda pública, la implementación efectiva de la segmentación tarifaria, una mejora en los procesos de selección de proyectos de inversión pública, una “optimización” de la política monetaria a través una mejora en los instrumentos de esterilización y la política de encajes bancarios, entre otras cuestiones.