Domingo 27 - Por Laura Serra - Enfrenta un clima de tensión creciente del oficialismo en el Congreso por el acuerdo con el Fondo Monetario. En un clima de creciente tensión dentro de sus filas, el oficialismo se apresta a votar dividido el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya llegada a la Cámara de Diputados es inminente. Ante el peligro de una sangría interna, la cúpula oficialista prepara una estrategia de control de daños: buscará acotar el debate en comisión y limitar las disidencias kirchneristas con el propósito de enviar una señal que inhiba los signos de rebeldía en el Senado, el bastión de Cristina Kirchner.

No se trata de una misión sencilla: además de las diferencias ideológicas entre el kirchnerismo y el oficialismo “de paladar negro” sobre la conveniencia de renegociar la deuda con el FMI, lo cierto es que la demora del ministro Martín Guzmán en enviar el texto del acuerdo al Congreso no hizo más que acrecentar las dudas –y los fantasmas– sobre las exigencias que implicará su cumplimiento. El Senado ya dio su ultimátum y anticipó que no dará a conocer su postura hasta no tener el texto definitivo en sus manos. En Diputados, sin ser tan explícitos, cunde una tensa expectativa a la espera del mensaje de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, pasado mañana, y de la exposición de Guzmán, cuando arranque el debate en la Comisión de Presupuesto.

Los más optimistas descuentan que el acuerdo será aprobado en la Cámara de Diputados con una amplia mayoría de votos propios y ajenos, pero admiten que esto no alcanza. Su obsesión es acotar al máximo posible el número de abstenciones kirchneristas para exhibir una votación contundente que sirva de señal al Senado, hoy por hoy el escollo más difícil de superar.

“Por ahora son 18 las abstenciones, tal vez haya un par de rechazos. Veremos si podemos avanzar más”, confían en la cúpula oficialista. Entre quienes se abstendrían figura Máximo Kirchner, el renunciante jefe del bloque del Frente de Todos. En rigor, a nadie le entusiasma votar el acuerdo con el FMI. Será el debate más traumático que le tocará enfrentar al oficialismo desde que asumió Alberto Fernández, y la unidad del bloque, aunque logre sobrevivir esta votación, quedará en jaque. Diferencias entre el pragmatismo y la ideología

El ala más pragmática, en la que se enrola la mayoría de los legisladores del interior que responden a gobernadores del PJ, enfatiza que no hay otra opción más que cerrar el acuerdo pues, de lo contrario, sobrevendría el abismo del default. En cambio, el ala ideologizada del bloque, en el que comulgan La Cámpora y distintas voces del kirchnerismo, sostienen que votar la negociación de Guzmán implicaría avalar una deuda ilegal contraída por Mauricio Macri. Críticos de Guzmán, hicieron trascender que la negociación contenía dossiers secretos con recetas de ajuste y deslizaron borradores que incluían reformas jubilatorias, que luego el propio Fernández debió relativizar.

En medio de recelos y desconfianzas mutuas, la disputa dentro de la bancada es descarnada. “Nosotros somos la coalición de gobierno y, como tal, debemos tener la responsabilidad de apoyar al presidente Fernández –replicó el entrerriano Marcelo Casaretto, crítico de Máximo Kirchner y sus adláteres, en una entrevista con la nacion–. Algunos tienen sus dudas porque tal vez se quieren preservar para luego decir ‘yo no lo voté’, ‘yo no estaba tan de acuerdo’ y así cuidarse del eventual costo político que pueda generarle este acuerdo en el futuro”.

Las palabras de Casaretto –que sintetizan lo que muchos piensan en el bloque– no hicieron más que desatar una batahola interna. Desde la cúpula oficialista le reclamaron al entrerriano que calle sus críticas y no resquebraje aún más la frágil convivencia. La misma reprimenda recibió, en su momento, el diputado Itai Hagman, del Frente Patria Grande, cuando anticipó que al menos una treintena de sus compañeros kirchneristas se abstendrían en la votación.

Más allá de sus diferencias políticas, lo cierto es que kirchneristas y oficialistas de paladar negro están unidos por la incertidumbre. Desde la Casa Rosada hicieron trascender que la postergación obedeció a las diferencias entre el gobierno argentino y el staff del FMI sobre la magnitud del ajuste en las tarifas energéticas: Guzmán propuso un aumento cercano al 40% para este año –una variación bastante menor a la que reclama el FMI para que se reduzca el déficit–, pero representa el doble de lo ratificado para 2022 por los hombres de Cristina Kirchner. La cuestión tarifaria divide las aguas en la bancada. A la renuencia kirchnerista de avalar un tarifazo los diputados del interior no se escandalizan. Muy por el contrario. “Nosotros, en las provincias, ya estamos pagando tarifas de luz y de energía con aumentos muy superiores al 20% que propone el kirchnerismo para el área metropolitana. Sería bueno sincerar públicamente el debate”, desafían.

Lo que preocupa a los diputados del interior es de qué magnitud será el recorte de las transferencias a las provincias, sea para gastos corrientes o de capital (obras públicas), para hacer frente a la reducción del déficit comprometido con el FMI.

“Guzmán sostiene que no habrá ajuste del gasto porque se afrontará la reducción del déficit con mayor crecimiento de la economía. Sin embargo, no está claro cuánto crecerá el PBI este año y los posteriores: el Gobierno es muy optimista pero no así el FMI”, deslizan.

“Además, está la cuestión de los desembolsos que hará el Fondo de manera trimestral, cuando se cierre el acuerdo. ¿Por qué a Mauricio Macri se le otorgaron los 45.000 millones de dólares de manera contante y sonante mientras que al gobierno de Fernández se lo condiciona con revisiones trimestrales?”, acicatean los más críticos. En medio de estas aguas turbulentas, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe del bloque de diputados oficialistas Germán Martínez, intentan llevar el barco a buen puerto. “Vamos a tener un debate corto pero intenso en la Comisión de Presupuesto,”, anticipó Martínez. El objetivo es llegar al recinto a mediados de marzo para que el Senado pueda finalizar el debate antes del 22, fecha límite antes del default. Si no se llega a tiempo, la deuda entrará en zona roja y Guzmán tendrá que conseguir que el FMI acepte que la negociación está muy bien encaminada y tramite ante el Banco de Basilea un crédito urgente para que la Argentina pueda pagar la cuota de 2800 millones de dólares y evitar así el incumplimiento. “La intención es evitar llegar a ese límite”, afirma Martínez, convencido de que una mayoría, hoy silenciosa, terminará por avalar el acuerdo.