Por Carlos Lamiral - El futuro entendimiento de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en teoría implica asumir una serie de compromisos de política económica, durará por lo menos una década. Algunos de esos compromisos tal vez tengan que empezar a llevarse a cabo ahora pero deberán ser concluidos por otro gobierno y por ello analistas privados consideran necesario que haya un entendimiento entre oficialismo y oposición para el cumplimiento.

Algo de eso comenzó a deslizarse durante la reunión de la semana pasada del Council of Americas, en la que tanto el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, como el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijeron claramente que la Argentina necesita de un acuerdo político. Massa le puso fecha. Señaló que debía comenzar a hablarse después del 10 de diciembre próximo y hasta propuso una agenda con una decena de temas.

Lo que es cierto es que el nuevo acuerdo al que llegue el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el organismo que conduce Kristalina Georgieva, tendrá que ser aprobado por el Congreso, para otorgarle fortaleza institucional, aunque eso no es sinónimo de consenso. Por lo menos, llegado el momento, se abrirá un debate, dicen los economistas.

Héctor Torres, exrepresentante del Gobierno argentino ante el organismo internacional de crédito durante la pasada gestión, señaló que las reformas económicas que requiere el país son tan importantes que deberán ser continuadas por siguientes administraciones. “Los programas de facilidades extendidas (al cual va a acceder Argentina) son para países que tienen problemas estructurales que se manifiestan en economías estancadas y con problemas recurrentes de balance de pagos”, explicó el exfuncionario. Al respecto, Torres señaló que “esos problemas requieren reformas que no se pueden implementar en el período de tiempo que le resta a este gobierno”.

“Entiendo que el Fondo quisiera que el Gobierno elabore, explique y busque consensuar una hoja de ruta, que asegure que las reformas gozan de apoyo suficiente como para poder ser continuadas por quien asuma el gobierno en el 2023”, añadió el ex representante ante el Fondo. Torres consideró además que el Fondo aprendió que en Argentina “no se puede combatir la inflación sólo con política monetaria y que para que haya confianza en el peso, no se trata de subir la tasa de interés, sino de generar superávit comerciales y de cuenta corriente sostenidos a lo largo del tiempo”.

Miguel Kiguel, exsubsecretario de Financiamiento, afirmó que “hoy un acuerdo con el Fondo tiene que ser aprobado por el Congreso, con lo cual de hecho estaría aprobado por los dos partidos (coaliciones)” de mayor peso en el poder legislativo. El economista añadió que “esa es la idea que tuvo el Fondo, que adoptó Argentina y por la cual el Congreso ya aprobó la ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública”. La norma pone límites a la capacidad de tomar deuda por parte del Poder Ejecutivo y establece que cualquier acuerdo que en el futuro se logre con la institución financiera deberá ser avalado por una ley especial. “Es cierto que el acuerdo no estará explícitamente avalado por los dos partidos, pero al estar aprobado por ley tendrá más fuerza”, explicó el titular de la consultora Econviews.

En el clásico menú de medidas que puede reclamar el FMI figuran la reducción del déficit fiscal primario y la implementación de medidas para flexibilizar el mercado laboral, como así también fijar un camino para reducir la inflación y eliminar el cepo cambiario. Pero el tipo de acuerdo que podría conseguir la Argentina en el actual contexto de pandemia podría representar que la mayor parte del compromiso de medidas se tengan que adoptar hacia el final del acuerdo cuando haya otra administración.